El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soacha condenó a 18 años de prisión al expatrullero de la Policía Nacional Óscar Alexander Márquez Rojas, por el homicidio del joven venezolano Anthony Gabriel Estrada Espinoza, en la noche del 9 de septiembre de 2020.
La decisión fue comunicada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que representa a la familia de la víctima y que calificó el fallo como un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del ‘9S’, jornada de protestas en la que murieron 13 personas en Bogotá y Soacha, presuntamente a manos de uniformados.
Los cargos y la condena
Según la sentencia, Márquez Rojas fue hallado responsable de los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Además de la pena de prisión, el juzgado le negó cualquier beneficio de suspensión condicional de la condena y descartó la posibilidad de que cumpliera la pena en detención domiciliaria. Cabe aclarar que esta es una decisión en primera instancia.
En el mismo proceso también fue condenado el uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, quien recibió una pena de cuatro años de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. En su caso, el despacho judicial sí autorizó que la condena fuera cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La evidencia que determinó la responsabilidad
El fallo concluyó que Anthony Estrada murió como consecuencia de un disparo efectuado con el arma de dotación asignada a Márquez Rojas durante los hechos ocurridos en Soacha. La investigación permitió establecer que varios agentes hicieron uso de armas de fuego contra población civil entre la noche del 9 de septiembre y la madrugada del 10 de septiembre de 2020.
Uno de los elementos más contundentes del proceso fue la evidencia balística y técnico-científica presentada durante el juicio. Los análisis determinaron que el proyectil extraído del cuerpo de la víctima durante la necropsia correspondía al arma SIG Sauer entregada al entonces patrullero, ahora condenado por homicidio.
La investigación también encontró evidencia de que Márquez Rojas disparó contra viviendas ubicadas cerca del lugar de los hechos. Fragmentos de proyectiles recuperados en un conjunto residencial y otras pruebas técnicas permitieron establecer que el uniformado accionó su arma en dirección a zonas habitadas por civiles.
El intento de encubrimiento
Otro aspecto clave de la sentencia fue el reconocimiento de un intento de encubrimiento posterior a los hechos. El juzgado concluyó que los policías involucrados reportaron la devolución completa de la munición asignada pese a haber utilizado sus armas durante la jornada, una conducta que buscó ocultar evidencia relevante para la investigación.
Para las víctimas y sus representantes, esta decisión judicial constituye un reconocimiento de que la muerte de Anthony Estrada no fue producto de una situación confusa derivada del orden público, sino consecuencia del uso ilegal de la fuerza letal por parte de agentes estatales y de acciones posteriores destinadas a dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido.
El contexto de las protestas del 9S
Anthony Gabriel Estrada había llegado desde Venezuela con la esperanza de construir un mejor futuro para él y su familia. Según sus allegados, uno de sus mayores anhelos era reencontrarse con su hijo. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una de las víctimas mortales de la represión ocurrida durante las protestas del 9S en Bogotá y Soacha.
De acuerdo con el Cajar, de los 87 agentes que utilizaron munición durante aquellas jornadas, únicamente tres han sido imputados. Por ello, los representantes de las víctimas insisten en acelerar las investigaciones, identificar posibles responsabilidades de mando y avanzar en reformas estructurales que garanticen el respeto por la vida y el derecho a la protesta en Colombia.