La jornada inició entre camuflados y armas de alto calibre, y terminó con camisetas blancas, y la expectativa de una vida renovada. Una promesa de que el conflicto armado puede ser rechazado como proyecto de vida, mientras la misma vida, pero en sociedad, espera del otro lado de un proceso de paz. Entre llantos, sonrisas, ansiedad y expectativa, así se desarrolló la primera jornada de dejación de armas de los Comandos de la Frontera en Putumayo.
El evento se llevó a cabo en la vereda Betania del municipio del Valle de Guamez, en Putumayo. Fueron en total 99 personas, entre hombres, mujeres y adolescentes, quienes se comprometieron a rechazar la vida armada en el marco del proceso de paz que adelanta esa organización con el gobierno. Fueron dirigidos por orden de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, líder criminal y quien está preso mientras se resuelve su proceso de extradición a los Estados Unidos.
Atrás quedaron las armas y ahora buscan el camino hacia la reintegración a la vida civil. Es un hecho de paz. Es posible construir la paz y la convivencia en los territorios a través del diálogo. Colombia no debe abandonar ese sendero. Hay que persistir en encontrarle una terminación a la violencia en todos nuestros territorios y este es un paso importantísimo en esa dirección.
Fuentes que presenciaron el evento en persona detallan que entre los desmovilizados hay combatientes de vieja data, que podrían llevar hasta 20 años al interior de diversas filas del crimen en Putumayo y el Amazonas. Sin embargo, también había jóvenes, hombres y mujeres, quienes hace no mucho fueron reclutados por la misma organización o que, ante la escasez de oportunidades en la región, optaron por integrar la Coordinadora.
Los 99 desmovilizados permanecerán durante 10 meses en esta denominada Zona de Ubicación Temporal. Sus nombres provienen de una lista de buena fe, cuyo compromiso es nunca más integrar un grupo armado y, en su lugar, capacitarse para ejercer nuevas labores en sociedad. Sus armas ya fueron entregadas al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Verificación de la MAPP/OEA, para que se encarguen de su destrucción.
Las autoridades confirmaron que la protección de los desmovilizados estará a cargo del Ministerio de Defensa y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz - UNIPEP. El grupo tendrá un periodo preliminar de transición a la vida en comunidad, tras haber integrado una de las organizaciones criminales con mayor poder en la región, encargado de actividades de narcotráfico y coacción de la población civil, entre otros. No obstante, estos hombres, mujeres y jóvenes, ahora buscan que su historial quede atrás y puedan aprender en nuevos campos que les permitan ser ciudadanos a cabalidad, y nunca más victimarios.