La delegación del Gobierno de la mesa de paz de Itagüí, encabezada por la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, se reunió con los voceros de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá para elaborar un 'informe de empalme'. Así se lo confirmó a este diario la congresista.
La reunión se dio en la sede de la Mesa, el auditorio de la cárcel de Itagüí, y, según Zuleta, con los resultados compilados en el documento buscan pedirle al gobierno de Abelardo de la Espriella, presidente electo, la continuidad de las negociaciones. Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que no conocían ni estaban enterados de este encuentro.
Un proceso tambaleante
La reunión se da en un momento en que la mesa venía tambaleando por la polémica alrededor de las gabelas y permisos otorgados a algunos voceros, el 'parrandón' vallenato realizado en la cárcel en abierta violación de los protocolos de seguridad, así como por los cuestionamientos sobre supuestas extralimitaciones de la senadora Zuleta en operativos de la Fuerza Pública y del Inpec.
Además, tras el hundimiento de la polémica Ley de Sometimiento para crear el marco jurídico que permitiera el desmantelamiento de las estructuras, las negociaciones están sin asidero jurídico para pasar de la etapa de diálogo. Por esta razón, diferentes organizaciones piden claridad sobre el futuro del proceso.
El llamado de Corpades
La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) pidió este martes 23 de junio al Gobierno y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que aclaren si los espacios de conversación instalados en el marco de la política de Paz Total continuarán o serán terminados con el cambio de administración.
A través de un pronunciamiento público, la organización aseguró que conoció, por medio de 'fuentes confiables', versiones según las cuales ya se habría tomado la decisión de dar por terminados los espacios de conversación desarrollados durante el gobierno saliente.
Por esta razón, Corpades pidió un pronunciamiento oficial sobre el futuro de los llamados Espacios Sociojurídicos que están vigentes con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí; el proceso con el 'clan del Golfo' y la mesa de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
En su comunicado, Corpades pidió al Gobierno informar cuáles serían los protocolos para una eventual suspensión o terminación de estos espacios, cuál será el futuro de los diálogos actualmente instalados y qué orientación tendrá la nueva administración frente a las iniciativas de paz urbana y rural.
También solicitó que se expliquen las medidas que se adoptarán para garantizar la continuidad de los esfuerzos dirigidos a reducir la violencia en los territorios.
'La paz urbana y rural constituye una necesidad real para Colombia', señaló la organización, que insistió en que cualquier decisión sobre la continuidad de las mesas debe ser comunicada de manera transparente a la ciudadanía.
Sara Valentina Quevedo Delgado / Redacción Justicia