El expresidente Álvaro Uribe reaccionó con dureza al llamado a indagatoria de la Fiscalía por su presunta responsabilidad en las masacres del Aro y La Granja, perpetradas en 1997 y 1996, respectivamente. El exmandatario y líder natural del Centro Democrático aseguró que la decisión tiene un claro tinte político.
"La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta hace poco trabajó la esposa de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía y de una vez me llevó a proceso para condenarme. Injusticia, persecución política", dijo Uribe, quien cuestionó dónde estaban sus garantías procesales.
Los argumentos de la defensa
La defensa de Uribe, liderada por el penalista Jaime Granados, ha sostenido que no se le respetó el debido proceso porque se le vinculó directamente a indagatoria, sin haber sido llamado previamente a versión libre, como, según sostiene, lo establecen el Sistema Penal Acusatorio y la Ley 600. Así mismo, cuestionan que, por la premura de abrirle investigación, la citación a indagatoria ni siquiera fue proferida con fecha.
Granados y Uribe han atribuido esta decisión de la Fiscalía a una actuación con tinte político de cara a la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio. "No es un caso que tenga riesgo alguno de prescripción. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y escuchó a los testigos que se solicitaron?", señaló la defensa del expresidente.
La respuesta del candidato Iván Cepeda
Este viernes 19 de junio, un día después del llamado a indagatoria, el candidato presidencial Iván Cepeda emitió un comunicado junto con los abogados Óscar Eduardo Ramírez Puerta y Miguel Ángel del Río, señalando que la denuncia que dio origen a este expediente fue radicada el 11 de abril de 2012 contra los hermanos Uribe Vélez por su presunta participación en el Bloque Metro de las Autodefensas.
Así mismo, recalcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones cometidas en las masacres de Ituango y por el homicidio de Jesús María Valle, y que hasta ahora, con excepción de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, condenados por el asesinato del defensor de derechos humanos, los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes no han sido plenamente identificados ni judicializados.
"Por ello, este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos", señalaron Cepeda y los representantes de las víctimas.