Transición hacia la legalidad del Ejército Gaitanista de Colombia
En un comunicado a la opinión pública fechado el 29 de junio de 2026, el EGC ha dirigido un mensaje claro al doctor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, Presidente electo de la República de Colombia, sobre su postura respecto a las conversaciones sobre la transición hacia la legalidad. El EGC reconoció explícitamente que cualquier transición implicaría la aceptación del estado de derecho y la justicia, pilares en la lucha que ha mantenido el grupo durante toda su existencia.
La principal defensa del EGC ha sido para el Estado social de derecho y la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, aunque su compromiso con la justicia es incuestionable, el grupo ha puntualizado que la aceptación se dará bajo condiciones específicas. La seguridad jurídica y personal, así como las garantías para sus combatientes de base y comunidades para evitar el olvido del Estado, son las principales preocupaciones del grupo. Este llamado resalta la importancia de establecer tales condiciones antes de un eventual desarme y eventual transición a la legalidad.
Situación actual del proceso de sometimiento
El comunicado del EGC argumenta que el marco jurídico vigente no proporciona garantías suficientes para su aprovechamiento estructural, lo que representaría un obstáculo para la transición hacia la legalidad. La Sentencia C-525 de 2023 del tribunal Constitucional avaló dos modelos de conversaciones con actores armados. Sin embargo, según el grupo, ninguna de estas soluciones ofrece garantías suficientes para un ejército tan numeroso y territorialmente expansivo como el EGC.
Además del llamado a las condiciones adecuadas para el sometimiento a la jurisdicción, la declaración del EGC resaltó la importancia de establecer las condiciones bajo las cuales sus comunidades serían protegidas de otros grupos armados. Este aspecto es especialmente relevante, ya que busca abordar el fenómeno de desplazamiento y asesinato de comunidades, un problema que se ha intensificado en la región del Catatumbo debido a la presencia de otros grupos armados.
Las barreras actuales para la transición
El comunicado también criticó la insuficiencia del proceso de sometimiento previo para las Autodefensas Unidas de Colombia por la Ley 975 de 2005. Según ellos, el proceso es interminable y no ha permitido a los ex miembros acceder a recursos esenciales o ejercer sus derechos legales. Esta crítica pone de manifiesto las dificultades de transición hacia la legalidad que los miembros del EGC podrían enfrentar si no se retocan las deficiencias en la estructura jurídica y se establecen las condiciones adecuadas.
Finalmente, se mostraron abiertos al diálogo y presentaron su disposición a participar en conversaciones con el gobierno entrante y continuar su compromiso con la justicia. El comunicado incluye una lista de órganos internacionales de los que esperan recibir apoyo a lo largo de este proceso de transición haciéndose eco del deseo del EGC de una transición justa y efectiva.