El Gobierno Nacional, mediante un proyecto de decreto del Ministerio de Defensa, propone modificar el régimen tarifario del sector de vigilancia y seguridad privada para introducir tarifas diferenciales dirigidas a conjuntos residenciales, micro y pequeñas empresas, y entidades públicas de departamentos y municipios de categorías territoriales bajas. La medida busca aliviar la carga económica de estos sectores y evitar que recurran a prestadores no autorizados.
Una estructura tarifaria diferenciada
El proyecto de decreto, que modifica el Decreto 1070 de 2015, establece que para los sectores mencionados la tarifa mínima pasaría de 9,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a 8,98 SMMLV, mientras que para el resto de los usuarios se mantendría en 9,77 SMMLV. Además, en el caso de los conjuntos residenciales de estratos 1, 2 y 3, no será obligatorio aplicar el porcentaje correspondiente a los costos de administración y supervisión, aunque este podrá ser concertado entre las partes.
“Esta medida se ajusta a la realidad social y económica del país, y con ella buscamos que los distintos sectores sociales y de la economía colombiana encuentren un alivio financiero al contratar los servicios de seguridad privada, y no migren a prestadores no autorizados que, entre otras cosas, no tienen el conocimiento ni la experiencia para prestar un servicio especializado y tan esencial como este”.
Componentes de la nueva tarifa y controles
La nueva metodología divide la tarifa mínima en tres componentes: costos directos (salarios y prestaciones), costos indirectos (administración y supervisión) y seguro de vida obligatorio para el personal operativo. El proyecto también prevé incrementos graduales en el factor salarial para reflejar la reducción de la jornada laboral y los nuevos recargos establecidos en la reforma laboral. Las empresas que acuerden valores inferiores a las tarifas mínimas o vulneren derechos laborales podrán ser sancionadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Actualmente, el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia cuenta con aproximadamente 360.000 trabajadores. La propuesta del Gobierno busca garantizar que estos empleos se mantengan en condiciones formales y legales, protegiendo tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.