Un mapa de seguridad deteriorado
El próximo presidente de Colombia enfrentará un escenario de seguridad crítico, con estructuras armadas que han incrementado su capacidad territorial, financiera y política en los últimos ocho años. Regiones como Catatumbo, Cauca, Arauca, sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño, Chocó y parte de la Amazonia concentran la crisis, que va más allá de enfrentamientos armados e incluye control social y gobernanza criminal.
Un crecimiento sostenido de 27.000 integrantes
Según el informe de la Fundación Conflict Responses (Core), los grupos armados ilegales cuentan con cerca de 27.000 miembros entre combatientes y redes de apoyo. El estudio, que analizó el período 2018-2025, advierte que el fortalecimiento comenzó en el gobierno de Iván Duque y se potenció durante la administración de Gustavo Petro, en medio de la política de 'paz total'.
La 'paz total' explica solamente una parte de las dinámicas actuales de los grupos armados organizados, pero no es el único factor y varía según grupo armado.
Expansión territorial sin precedentes
El informe detalla el aumento de presencia municipal de los principales grupos: el Eln pasó de 135 a 219 municipios; el Estado Mayor Central (Emc), de 61 a 133; el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), de 30 a 113; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), de 18 a 42; y el Ejército Gaitanista de Colombia, de 179 a 292 municipios. Solo la Segunda Marquetalia no mostró un crecimiento similar.
El rol de los ceses del fuego y las negociaciones
El estudio señala que los ceses del fuego bilaterales, especialmente con el Eln y las disidencias de 'Calarcá', fueron aprovechados para reorganizar estructuras, ampliar control territorial y aumentar la gobernanza sobre la población civil. En el caso del Eln, la negociación permitió fortalecer su influencia social y política, incluso después de fracturas internas.
Economías ilícitas en expansión
Entre 2018 y 2024, las hectáreas de coca pasaron de 169.018 a 261.000, y la producción potencial de cocaína aumentó de 1.120 a cerca de 3.000 toneladas métricas. Las denuncias por extorsión crecieron de 7.048 a 13.802. Además, el tráfico de migrantes y la minería ilegal se consolidaron como nuevas fuentes de financiación.
Un desafío para el próximo gobierno
El informe concluye que el fortalecimiento armado no depende de una sola política o administración, sino de una acumulación de recursos económicos, expansión territorial, control social y capacidad armada. El próximo gobierno recibirá un país con estructuras ilegales más poderosas en todos los frentes.