La ley que definía las competencias y procedimientos de la jurisdicción agraria terminó hundida esta última semana del Congreso. Aunque el Gobierno atribuye el fracaso a la falta de tiempo legislativo, al ambiente electoral y a las presiones de distintos sectores, en el Capitolio la explicación es otra: el proyecto naufragó porque se rompieron los acuerdos que habían permitido sacar adelante la reforma constitucional de esta jurisdicción, y los esfuerzos del Ejecutivo por destrabar la discusión habrían sido limitados.
El punto de quiebre: la expropiación exprés
El principal escollo fue la eliminación de la llamada 'expropiación exprés'. Congresistas de distintas bancadas habían acordado retirar este mecanismo del texto, pero en el último momento el Gobierno intentó mantenerlo, lo que generó una ruptura de los consensos previos. Sin ese acuerdo, la iniciativa perdió el respaldo necesario para avanzar.
El ambiente en el Capitolio
Fuentes legislativas indicaron que sí existía un ambiente favorable para la aprobación de la ley. Sin embargo, la falta de voluntad del Ejecutivo para ceder en puntos clave y la presión de sectores políticos y económicos terminaron por sepultar el proyecto. La oposición también aprovechó el contexto electoral para bloquear la iniciativa.
Había ambiente para la aprobación, pero se rompieron los acuerdos y el Gobierno no hizo los esfuerzos suficientes para destrabar la discusión.
¿Qué viene ahora?
Tras el hundimiento, el Ministerio de Justicia anunció que el Gobierno radicará de nuevo el proyecto el próximo 20 de julio, en la nueva legislatura. No obstante, el ambiente político y la cercanía de las elecciones hacen incierto el futuro de la jurisdicción agraria, una de las banderas de la reforma rural del actual gobierno.