Política

La legitimidad del voto está en manos de los ciudadanos: así funciona el sistema electoral en Colombia

El sistema electoral colombiano se sostiene en la participación ciudadana: 860.000 jurados de votación, testigos de campañas y observadores nacionales e internacionales garantizan la transparencia del proceso. Conozca cómo funciona la cadena de control y cómo evitar la desinformación.

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Foto: La voz del país

A cinco días de que los colombianos regresen a las urnas, la principal garantía del sistema electoral no está en una plataforma tecnológica, sino en los propios ciudadanos. Son ellos quienes votan —más de 41 millones habilitados—, quienes cuentan cada sufragio al cierre de la jornada y quienes dejan constancia de los resultados en las actas que sirven de base para todo el proceso posterior. En pocas democracias de la región el veredicto de las urnas depende de manera tan directa de miles de personas ajenas a la organización electoral y vinculadas únicamente por su deber como jurados de votación.

Una cadena de confianza que inicia en las mesas de votación

Esa cadena comienza con más de 860.000 ciudadanos seleccionados de forma aleatoria para integrar las mesas de votación —6 en cada una de ellas—. Durante la jornada verifican la identidad de los votantes, registran su participación, entregan las tarjetas electorales y custodian las urnas. Tras el cierre, son ellos quienes realizan el conteo manual de los votos, efectúan el escrutinio de mesa y diligencian a mano los formularios E-14, el documento que recoge el resultado de cada mesa. Ningún software puede modificar lo que allí queda consignado: la información que divulga la Registraduría proviene de esas actas, que además pueden ser fotografiadas por los testigos electorales y son publicadas para consulta de campañas, observadores y ciudadanos.

En otras palabras, son los propios ciudadanos los que conducen el día de los comicios y el derecho a elegir de todos los colombianos. Es decir, son los protagonistas del día de las elecciones, y de ellos depende buena parte de la transparencia del proceso y la oportuna información de los resultados.

Una red de vigilancia que multiplica los controles

Alrededor de ese ejercicio ciudadano opera una red de vigilancia cruzada que multiplica los controles. Los partidos acreditan miles de testigos electorales; observadores nacionales e internacionales siguen cada etapa del proceso; jueces de la República encabezan las comisiones escrutadoras que verifican los resultados, y organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría ejercen supervisión permanente. El resultado es un sistema en el que múltiples actores revisan el trabajo de los demás y donde cualquier inconsistencia puede ser contrastada con las actas originales elaboradas en cada mesa de votación.

“En el proceso electoral colombiano participan millones de personas. 860.000 jurados de votación que hacen lo más importante: cuentan los votos y diligencian las actas. Testigos en todas las mesas que representan a las diferentes campañas. 1.400 observadores internacionales, 9.300 jueces que toman las actas y delante de los partidos verifican los resultados. Este proceso no da posibilidad a que haya circunstancias que alteren los resultados electorales” — Hernán Penagos, registrador nacional.

El rol ciudadano frente a la desinformación

La responsabilidad de los ciudadanos no termina al depositar el voto o al participar como jurados. También pueden acudir a fuentes oficiales y evitar la difusión de contenidos engañosos que puedan afectar la confianza en el proceso electoral. Rumores sin sustento ya han escalado en el pasado hasta provocar episodios de violencia como el que ocurrió en 2023 en Gamarra (Cesar), donde un ataque contra instalaciones de la Registraduría quemó a tres mujeres y derivó posteriormente en condenas de hasta 60 años de prisión contra los responsables.

Por esa razón, las autoridades electorales insisten en que la ciudadanía verifique cualquier denuncia antes de compartirla. Entre los ejemplos recurrentes figuran videos sobre supuestos lapiceros que borran el voto o imágenes de personas marcando tarjetones antes de la jornada electoral, afirmaciones que desconocen que el material electoral permanece bajo custodia y que su distribución se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad. En un sistema que descansa en la participación de millones de ciudadanos, la información verificada también se convierte en una garantía para proteger la legitimidad de los resultados.

“Difundir información sesgada o falsa, o difamar, no golpea a la autoridad electoral, golpea a la democracia en su conjunto, golpea a la nación que somos todos y todas” — Hernán Penagos.

Mesas de justicia para atender denuncias en tiempo real

Si durante la jornada electoral existen dudas, los ciudadanos y testigos podrán acudir a las mesas de justicia, espacios físicos con presencia de Procuraduría, Personería, Defensoría, Fiscalía y Registraduría que recibirán denuncias y quejas en tiempo real sobre delitos electorales para darle trámite inmediato. Estas mesas ya estuvieron presentes en algunos puestos de votación en la primera vuelta y se ampliaron para el balotaje del 21 de junio.

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