Un estudio que desnuda la estrategia de paz
En diálogo con EL TIEMPO, Daniel Mejía, profesor de Economía en la Universidad de los Andes, habla sobre su reciente investigación ‘¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes’, publicada por la Facultad de Economía y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.
¿Qué evaluaron en su estudio?
Mejía explica que evaluaron los ceses al fuego decretados por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre de 2022, que se mantuvieron durante varios meses con dos grupos disidentes de las FARC y el Clan del Golfo. El del ELN se cayó a los cuatro días por falta de consulta.
Conclusiones alarmantes
El estudio encontró que los ceses al fuego no afectaron la violencia más visible (homicidios, atentados, retenes), pero sí aumentaron la violencia menos visible: extorsión, coerción armada, confinamientos, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamiento. También creció la gobernanza criminal sobre la población civil.
Los grupos se adaptaron, aumentaron los niveles de violencia totales contra la población civil. Y quien sí cumplió el cese al fuego fue la Fuerza Pública. Las bajas en combate de miembros de estos grupos disminuyeron casi un 30%.
El impacto en los enfrentamientos entre grupos
Aunque el estudio no evaluó directamente los enfrentamientos entre grupos, Mejía señala que otros centros de investigación documentaron un aumento de disputas territoriales. Los ceses al fuego ‘amarraron las manos’ a la Fuerza Pública, mientras los grupos criminales aprovecharon para expandir su control.
Zonas críticas bajo control criminal
- Sur de Nariño y Putumayo, con crecimiento de cultivos de coca.
- Chocó, Cauca y Norte de Santander, especialmente Catatumbo.
- Nordeste antioqueño, Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, donde operan el Clan del Golfo y otros grupos dedicados al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro.
Recomendaciones para el nuevo gobierno
Mejía insta al gobierno de Abelardo De La Espriella a retomar una política de seguridad basada en evidencia, método y rigor, como la que redujo homicidios y secuestros en el pasado. Sugiere apoyar a la Fuerza Pública, pero con restricciones para evitar abusos de derechos humanos, y nombrar personas conocedoras en el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército.