La informalidad laboral en Colombia supera el 55%, consolidándose como uno de los principales retos estructurales de la economía nacional. Este fenómeno genera una presión creciente sobre las finanzas públicas, limitando los recursos disponibles para financiar salud, pensiones y servicios esenciales.
El bajo nivel de cotización debido a la informalidad condiciona la sostenibilidad del sistema de protección social y plantea importantes desafíos para el próximo gobierno, que deberá diseñar estrategias efectivas para enfrentar esta problemática.
Además, las mujeres enfrentan una triple brecha en el sistema pensional y laboral, lo que agrava aún más la desigualdad en el acceso a beneficios y la formalización del empleo.
Colombia lidera el autoempleo en la OCDE, con casi la mitad de los trabajadores por cuenta propia o en el rebusque, reflejando la magnitud de la informalidad en el mercado laboral.