Noticia Exclusivo suscriptores Juzgó las masacres de Honduras y La Negra, mataron a su padre y vivió 36 años en el exilio: así reparará Colombia a la jueza Martha GonzálezLa jueza y su familia llegaron a un acuerdo de solución amistosa con el Estado. Fue la funcionaria que juzgó las masacres paramilitares en el Urabá.Martha Lucía González, jueza exiliada. Foto: Forensic ArchitectureLink Jhoan Sebastian Cote Lozano24.07.2026 12:28 Actualizado: 24.07.2026 12:30 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles En 1988, Martha Lucía González tenía a su cargo uno de los procesos judiciales más delicados de la época: el caso de las masacres en las haciendas de ‘Honduras’ y ‘La Negra’, ocurridas ese año en Turbo, en el Urabá, y que dejaron más de 20 campesinos muertos. Como Jueza Segunda de Orden Público de Bogotá, dictó sentencias condenatorias y órdenes de detención contra integrantes de grupos paramilitares, narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública. La decisión le costó, casi de inmediato, la posibilidad de seguir viviendo en nuestro país.Según se lee en su expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas comenzaron a llegar de forma constante. Ante el riesgo inminente de muerte, el Estado decidió sacarla de Colombia como diplomática, junto con su esposo y sus hijas, y la nombró Segunda Secretaria de la Embajada en Indonesia. Fue el inicio de un exilio que se prolongaría, con distintas formas y dolores, por más de tres décadas. Una pesquisa que ahora Colombia saldará tras llegar a un reciente acuerdo de solución amistosa con la víctima y su familia, tras la cual recibirá una serie de acciones de reparación.Las pruebas que enredan a alias Leo, el anestesiólogo que sigue sin ser capturado en el caso Yulixa Toloza: Fiscalía destapó la identidadAhora bien, el caso establece que durante el tiempo en que González estuvo en el exilio, la protección no alcanzó a toda su familia. El 4 de mayo de 1989, dos sicarios en motocicleta asesinaron en Colombia a su padre, Álvaro González Santana, en lo que la propia CIDH reconoce como una represalia directa por las decisiones judiciales de su hija. La investigación por ese crimen, abierta ese mismo año, terminó archivada en 1996 por falta de pruebas, después de que las autoridades se concentraran en identificar el dueño de la moto de los sicarios, en lugar de perseguir a quienes habían amenazado a la jueza.Martha Lucía González, jueza exiliada. Foto:Forensic Architecture El caso volvió a moverse años más tarde, cuando la Fiscalía reasumió la investigación y la vinculó al expediente de crímenes atribuidos al "Brazo Armado del Cartel de Medellín", declarados delitos de lesa humanidad. Aun así, según relatan los peticionarios ante la CIDH, ninguna de las personas señaladas por las masacres de 1988 llegó a ser llamada a declarar ni fue investigada por esos hechos. Impunidad total.Mientras la justicia avanzaba con lentitud, Martha González rehízo su vida profesional en el servicio exterior: fue jefa de la Misión Diplomática de Colombia en Indonesia y, después, cónsul en Madrid y en Bilbao, España. Pero el 23 de diciembre de 1999 el Ministerio de Relaciones Exteriores la reemplazó como cónsul en Bilbao, dejándola, según narró ante la Comisión, sin trabajo y sin posibilidad real de volver a Colombia con garantías de seguridad.Alias Memín, exjefe paramilitar, reconoció su responsabilidad por el asesinato de dos políticos, un líder social y 164 homicidios en AntioquiaSu intento de dar vuelta a esa decisión por la vía judicial tampoco prosperó. Un juzgado penal de Bogotá le dio la razón en primera instancia y ordenó frenar su reemplazo, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa protección meses después, y la Corte Constitucional terminó confirmando en diciembre de 2000 que no existía, a su juicio, un riesgo actual e inminente para su vida. Los peticionarios sostuvieron ante la CIDH que esa conclusión se basó en un dictamen reservado de la Fiscalía al que ni ella ni los tribunales tuvieron acceso completo.Agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto:Cortesía Esa fue, durante años, la lógica judicial que enfrentó la familia de la jueza: cualquier solicitud de protección era rechazada por las autoridades bajo el argumento de que, al estar en el exterior, no corrían peligro. Entre 1988 y la fecha de presentación de la petición ante la CIDH, en 2014, Martha González solo pudo viajar a Colombia dos veces, por periodos cortos, y en ambas tuvo que salir de forma apresurada por nuevas amenazas. Su hermano, Álvaro Augusto González, también fue amenazado e incluso sufrió un atentado en el año 2000, lo que obligó al resto de la familia a salir del país.El acuerdo de solución amistosaEl acuerdo de solución amistosa entre el Estado colombiano y la familia González fue suscrito el 25 de noviembre de 2025 y avalado esta semana por la CIDH en un informe sobre el país. En el documento, Colombia reconoce su responsabilidad internacional por omisión en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, los derechos del niño, la libre circulación y residencia, y la protección judicial de Martha González, su padre y sus familiares.La novela judicial del exsecretario del Tribunal de Bogotá que se entregó en la Fiscalía para cumplir su condenaEntre las medidas de satisfacción figura un acto público de reconocimiento de responsabilidad que el Estado presidirá en Bogotá con una alta autoridad del Estado, además de un cortometraje documental de entre 15 y 20 minutos sobre la vida y el asesinato de Álvaro González Santana, y un ensayo de 300 copias impresas sobre su vida y obra, elaborado por un autor colombiano.César Palomino Cortés, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Archivo EL TIEMPO En Sogamoso, la ciudad natal de González Santana, también habrá un homenaje. El Estado se comprometió a instalar un busto en su memoria, a nombrar una sala de exposiciones permanente en la Casa de la Cultura La Vorágine, a bautizar con su nombre un tramo de la carrera 11 y a colocar una placa conmemorativa con el texto del decreto de honores que en 1989 ya había reconocido su figura.El acuerdo también contempla otras medidas, pues el Estado postulará a Martha González, por una sola vez, a un premio internacional de paz, justicia o solidaridad, en reconocimiento a su labor como jueza. Y sus dos hijas, Natalia Andrea y Alejandra Paola Riveros González, recibirán auxilios educativos del Ministerio de Educación y el Icetex para cursar estudios superiores, en Colombia o en el exterior, por un periodo de hasta cinco años.Jhoan Sebastian Cote Lozano Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Conforme a los criterios de Saber más Temas relacionadosExclusivo suscriptoresMasacreMasacres en ColombiaPolicía de UrabáUrabáParamilitaresCartel de Medellín SugerenciasBOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.Registrate
