La Fiscalía General de la Nación imputó a Leonardo Herrera Delgans, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería, por el delito de concusión. Según el ente acusador, el funcionario habría exigido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con 1.000 votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
La oferta ilegal
De acuerdo con la investigación, Herrera Delgans se habría acercado a la aspirante para ofrecerle un presunto apoyo electoral. A cambio de la suma millonaria, el auxiliar habría garantizado la entrega de un millar de votos en los comicios, una práctica que atenta contra la transparencia del proceso democrático.
Imputación y medida de aseguramiento
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios que vinculan al funcionario con los hechos. El ente acusador solicitó medida de aseguramiento, mientras se define la situación jurídica de Herrera Delgans, quien deberá comparecer ante un juez de control de garantías.
La concusión es un delito grave que atenta contra la confianza en las instituciones y la legitimidad de los procesos electorales. La Fiscalía actuará con firmeza para que estos hechos no queden en la impunidad.
Este caso se suma a otras denuncias por presuntas irregularidades en pasados comicios, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre el personal de la Registraduría, especialmente en épocas electorales.