En una misiva dirigida al presidente electo Abelardo De La Espriella, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por varias decisiones anunciadas para el arranque de su mandato, que podrían traducirse en retrocesos en materia de derechos humanos.
Libertad de prensa y protesta social en la mira
Uno de los primeros reparos tiene que ver con las garantías para la libertad de prensa, la oposición y la protesta social. Marín cuestionó declaraciones de De La Espriella en las que diferenció entre 'periodistas' y 'activistas', y le recordó que su deber es proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, incluso las críticas a su administración.
También manifestó su inquietud por el anuncio de derogar el Decreto 003 de 2021 y regresar al modelo del antiguo Esmad para atender disturbios durante las protestas. La entidad señaló que 'cualquier modificación debe respetar los estándares fijados por la Corte Suprema y preservar los avances que han permitido reducir los niveles de violencia atribuibles a la Fuerza Pública en el manejo de las manifestaciones'.
Garantías para la oposición y la UNP
La carta también aborda las garantías para la oposición política. Marín advierte que, tras una campaña marcada por la polarización y la estigmatización, el nuevo presidente tendrá el deber de garantizar los derechos de todos los sectores políticos y le pide evitar mensajes que puedan asociar a la oposición con hechos de violencia.
Otro de los reparos apunta al nombramiento del futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La defensora señaló que han circulado antiguas publicaciones del funcionario designado con expresiones ofensivas contra periodistas, medios y dirigentes políticos, por lo que solicita revisar esa designación y garantizar imparcialidad frente a la población protegida.
Acuerdo de paz y derechos étnicos
A la Defensoría también le inquieta el anuncio de eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los cambios en las instancias encargadas de implementar el Acuerdo de Paz. Aunque reconoce la facultad del presidente para reorganizar el Ejecutivo, advierte que desacelerar la implementación del acuerdo o debilitar la coordinación de la política de derechos humanos podría afectar la seguridad en los territorios.
En la carta también se refiere a la intención del nuevo gobierno de derogar los decretos que crearon las Entidades Territoriales Indígenas y le solicita abstenerse de 'adoptar medidas regresivas' frente a los derechos de los pueblos étnicos.
Ambiente, drogas y educación
Otra de las críticas aborda las políticas ambientales y antidrogas. La Defensoría hace referencia a los anuncios sobre retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos, reformar el licenciamiento ambiental y reactivar el fracking, y pide que cualquier decisión garantice los derechos de participación y consulta previa de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, además de informar previamente cuáles serían las sustancias utilizadas en las fumigaciones.
En educación, Marín expresa preocupación por posturas asumidas en el pasado por la ministra designada y solicita que las convicciones religiosas de quienes lideren esa cartera no interfieran con la garantía de los derechos de estudiantes ni con la protección de la población LGBTIQ+, las mujeres y otros grupos históricamente discriminados.
Protección a migrantes
Finalmente, la Defensora pide al presidente electo priorizar la protección de los migrantes. Recuerda que durante 2025 la entidad acompañó 48 vuelos de deportación en los que regresaron 5.121 connacionales y documentó posibles vulneraciones al debido proceso, malos tratos y otros hechos de violencia.