El gobierno nacional depuró una serie de archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para entregárselos a las familias del reconocido humorista y líder social Jaime Garzón, y al defensor de derechos humanos y líder sindical Pedro Julio Movilla; asesinado en 1999 y desaparecido forzosamente en 1993, respectivamente.
Este diario conoció que la ceremonia de entrega de los archivos desclasificados estaba programada para este 19 de junio y se iba a realizar en la Plaza de Armas, justo enfrente de la Casa de Nariño. Sin embargo, por motivos de agenda del presidente Gustavo Petro, el evento fue suspendido y se está gestionando una nueva fecha para realizar el evento.
La orden de la Corte Interamericana
La orden de desclasificación de los archivos del DAS fue impartida en octubre de 2023, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las constantes violaciones de derechos cometidas contra varios miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), entre las que se encuentran, principalmente, actividades arbitrarias de inteligencia entre 1990 y hasta 2005.
Entre las medidas de restitución ordenadas está que “el Estado deberá proceder, en un plazo razonable, a la depuración de los archivos del extinto DAS y, en lo que corresponda, también de los archivos de la Policía Nacional, la Escuela de Artillería del Ejército Nacional y la Central de Inteligencia Militar del Ejército, a fin de garantizar el acceso efectivo de quienes así lo soliciten a la información y datos que sobre ellos obren en tales archivos, garantizando su derecho a la eventual rectificación, cancelación o eliminación de los datos que consten en los archivos”.
Las violaciones de derechos humanos documentadas
Según la sentencia, distintas entidades estatales realizaron labores arbitrarias de inteligencia contra miembros del colectivo de abogados, reconocido por su defensa a los derechos humanos en Colombia. Estas actividades incluyeron seguimientos, interceptaciones, recopilación de información personal y vigilancia permanente sobre abogados cuya labor consistía en representar víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia.
La Corte IDH también encontró que varios funcionarios públicos contribuyeron a estigmatizar a los integrantes del CAJAR al señalarlos o relacionarlos públicamente con grupos guerrilleros. Para el tribunal, este tipo de declaraciones aumentó los riesgos que enfrentaban los defensores de derechos humanos y favoreció un ambiente de hostilidad en su contra.
Uno de los hallazgos más graves fue que información obtenida por organismos de inteligencia terminó facilitando acciones de grupos paramilitares contra integrantes del colectivo. La Corte concluyó que el Estado creó y agravó situaciones de riesgo para la vida e integridad de las víctimas, algunas de las cuales sufrieron amenazas, atentados, desplazamientos forzados e incluso tuvieron que exiliarse junto con sus familias.
El fallo también cuestionó la respuesta judicial colombiana. Aunque durante décadas fueron denunciados numerosos hechos de violencia, intimidación y hostigamiento, las investigaciones no lograron esclarecer plenamente los responsables ni desmontar las estructuras que promovieron la persecución. Esa falta de resultados llevó a la Corte a concluir que existió un escenario de impunidad que dista de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Los casos de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla
La familia de Jaime Garzón ha solicitado la desclasificación de los archivos del DAS, con el objetivo de conocer a profundidad verdades del crimen contra el humorista. Ello teniendo en cuenta, como punto de partida, la condena a 26 años de prisión contra el exsubdirector de esa entidad, José Miguel Narváez. Según la confirmación de la Corte Suprema de Justicia, Narváez indujo al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil para que ordenara el asesinato de Garzón Forero, en Bogotá.
Por su parte, Pedro Julio Movilla era un dirigente sindical y militante político del Partido Comunista de Colombia. Durante años desarrolló actividades de organización social y defensa de los derechos de los trabajadores. Como ha constatado la Corte IDH, que también condenó al país por este caso, la víctima fue objeto de seguimientos y hostigamientos por parte de organismos de seguridad antes de su desaparición.
Según se lee en el expediente, el 13 de mayo de 1993, Movilla salió de su vivienda en Bogotá para acompañar a una de sus hijas al colegio. Testigos reportaron la presencia de hombres encapuchados y vehículos sospechosos en la zona. Desde ese momento nunca volvió a ser visto. Más de tres décadas después, su paradero sigue siendo desconocido y nadie ha sido condenado por su desaparición. Ahora, su familia accederá a los archivos del DAS en los que pueda estar mencionado.