En una sentencia emitida este jueves 3 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez a 12 años de prisión por el delito de concusión continuada. La exrepresentante a la Cámara por Bogotá (2014-2018) fue hallada culpable de haber exigido a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) porcentajes significativos de sus salarios como condición para mantenerlos en el cargo.
Un esquema de cobros ilícitos
Según la decisión de la Corte, Cabello Flórez abusó de su investidura para implementar una práctica sistemática de solicitudes dinerarias ilícitas. Los cobros oscilaban entre porcentajes del salario y sumas fijas, y eran encubiertos bajo la aparente figura de una 'caja menor' para sufragar gastos de funcionamiento de la oficina, como papelería, almuerzos, facturas de telefonía móvil y mobiliario, así como gastos personales de la congresista, incluyendo el pago de su tarjeta de crédito y los trámites de su visa.
Tres modalidades de cobro
- En efectivo: a puerta cerrada en su oficina, inmediatamente después de que los empleados recibían su salario, entre los días 24 y 28 de cada mes.
- Transferencias bancarias a través de intermediarios: para evitar el reporte directo en sus cuentas, utilizaba a su conductor para que recibiera depósitos y se los entregara después.
- Caja menor: los empleados debían asumir de su propio bolsillo gastos de la oficina y personales de la congresista, como papelería, café, tarjeta de crédito y trámites de visa.
Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento.
Estructura de coparticipación y retaliaciones
La Corte detalló que Cabello Flórez configuró una estructura de coparticipación en la que utilizaba a una 'coordinadora' para recordar a los trabajadores las exigencias de pago y llevar cuentas detalladas de lo que 'debía' cada uno. Además, hizo firmar a sus subalternos un acuerdo de confidencialidad para mantener el silencio. Cuando un integrante de la UTL notificó a la dirección del partido lo que sucedía, la congresista tomó retaliaciones, redujo sus funciones y finalmente lo desvinculó del cargo.
La condena y sus consecuencias
La excongresista fue condenada a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de 9 años. Además, deberá pagar una multa de 500 salarios mínimos mensuales vigentes para 2018. La Corte determinó que Cabello Flórez no podrá acceder a la prisión domiciliaria ni a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Asimismo, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue posibles delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.