Las denuncias por presunto constreñimiento al sufragante durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio dejaron un dato que llama la atención de las autoridades: la mayoría de los señalamientos no apuntan a grupos armados ilegales, sino a campañas políticas, empresas privadas y funcionarios públicos. Así lo revela un informe elaborado por los Ministerios de Defensa y del Interior, tras consolidar los reportes recibidos por los canales habilitados para vigilar la transparencia electoral.
El peso de las campañas y los funcionarios
Según el documento, las autoridades recibieron 274 denuncias por posibles hechos de constreñimiento al elector, ocurridos en 98 municipios de 28 departamentos del país. De ellas, 261 fueron radicadas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y las 13 restantes mediante la Línea Anticorrupción 157.
“Las 274 denuncias equivaldrían al 0.001% del total de votos registrados. Es decir, el 99.999% de los votos, no presentarían denuncias de constreñimiento al elector”, señala el informe oficial.
- Campañas políticas: 27% de los casos.
- Funcionarios públicos: 24%.
- Empresas privadas: 23%.
- Grupos armados organizados ilegales: 9% (23 denuncias).
“Dentro de la misma estadística se evidencia también que tan solo el 9% (23 denuncias) corresponderían a constreñimiento por parte de grupos armados organizados ilegales”, precisa el documento.
Focos urbanos y georreferenciación
La distribución geográfica de los reportes también muestra una fuerte concentración en las principales ciudades del país. Bogotá lidera la lista con 97 denuncias, seguida de Barranquilla con 16, Medellín con 10, Cali con 8 y Bucaramanga con 7. Estas cinco ciudades reúnen el 53 % de los casos registrados durante la jornada electoral.
Por departamentos, Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca concentran el 59 % de las denuncias. El informe además destaca que los casos se encuentran principalmente en zonas urbanas, alejándose de la percepción tradicional que relaciona este delito exclusivamente con regiones bajo influencia de estructuras armadas ilegales.
La georreferenciación realizada por las autoridades muestra focos importantes en Bogotá y su área metropolitana, Medellín, Barranquilla, Cali, Popayán, Pasto y Bucaramanga, además de municipios de la Orinoquía y el Caribe colombiano.
Investigaciones en curso
Frente a estos hechos, el Gobierno indicó que cada una de las denuncias fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. “Se están adelantando las investigaciones respectivas para determinar la veracidad de las denuncias y actuar contra los responsables de los delitos que amenazan la transparencia y libertad democrática”, concluye el informe.