El Ministerio de Salud y Protección Social tiene listo un proyecto de resolución que reglamenta la entrega de hasta 300.000 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación al Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), como parte del proceso de transición de la Asociación Indígena del Cauca, Entidad Promotora de Salud Indígena (AIC EPS-I), hacia el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi).
El mecanismo del giro: pagos directos a prestadores
Según el proyecto de resolución, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) sería la encargada de girar directamente el dinero a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los proveedores de tecnologías en salud, y no a la EPS-I como tal.
Ese giro dependería de que la propia AIC EPS-I presente ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan con el listado de acreedores, los montos certificados y un cronograma de pagos, además de la suscripción de contratos de transacción con cada prestador.
La Superintendencia tendría a su cargo verificar que esos valores coincidan con los procesos de depuración y conciliación de cartera adelantados antes de la expedición del decreto ley, e informar a la Adres para que esta proceda con los desembolsos dentro de los cinco días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos.
El trasfondo: salud indígena en liquidación
La AIC EPS-I es la aseguradora de salud del pueblo indígena del Cauca, y su transición hacia el Sispi —el modelo de salud propio e intercultural reconocido por la Ley Estatutaria 1751 de 2015— viene siendo impulsada desde el Decreto Ley 968 de 2024, que fijó las reglas para que el CRIC administre directamente la salud de su territorio.
El decreto ley de 2026 y este proyecto de resolución son el paso siguiente: financiar la liquidación ordenada de la EPS-I y evitar, según los considerandos del propio Ministerio, una ruptura en la atención de la población afiliada.
Alertas por el calendario: un giro de última hora
Y aunque el mecanismo se enmarca en un proceso que lleva más de un año en construcción, la reglamentación de un giro de 300.000 millones de pesos a escasas semanas de la finalización del actual Gobierno reaviva un debate de fondo: qué tan prudente es que una administración saliente autorice y ponga en marcha desembolsos de esta magnitud justo en el tramo en que, por ley, debe adelantar el empalme con el equipo entrante y dejar en orden y con total trazabilidad las cuentas del Estado.
El calendario no es un detalle menor. El proceso de empalme presidencial exige transparencia reforzada sobre compromisos presupuestales, contratos y giros pendientes, precisamente para que la nueva administración no reciba obligaciones o desembolsos de última hora sin el debido control.
Que un acto administrativo de este tamaño —que compromete recursos públicos de destinación específica— se esté tramitando en paralelo a ese proceso de transición de gobierno es, para varios sectores, motivo de alerta, más allá de que el fin declarado sea proteger el derecho a la salud de una comunidad indígena.