Dos fallos judiciales, junto con chats, audios y correos electrónicos, sustentan las denuncias de acoso laboral contra Laura Patricia García Mejía, madre de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, quien se desempeñaba como directora de Cooperación Internacional de la Cancillería. Los documentos, conocidos por EL TIEMPO, revelan un patrón de hostigamiento que llevó a los jueces a amparar los derechos de las contratistas afectadas.
El fallo que ordenó apartar a la directora
En uno de los fallos, el despacho judicial concluyó que 'los elementos de juicio aportados revelan la utilización de un trato infantilizante y descalificador y, con especial gravedad, el empleo de expresiones que involucraron de forma directa la conducta suicida como reproche institucional'. Por ello, ordenó apartar a García Mejía como jefe de las contratistas y designar un supervisor independiente, sin relación de subordinación con la funcionaria.
Las funciones ajenas al contrato
Las demandantes relataron que, aunque fueron contratadas para labores técnicas de alto nivel, terminaron realizando funciones secretariales y logísticas personales de la directora, como reservar hoteles, tramitar visados, gestionar asuntos familiares y hasta compras personales. Estas órdenes se impartían por WhatsApp con carácter urgente, incluso en noches y fines de semana, generando una disponibilidad permanente que excedía lo pactado.
Impacto en la salud y respuestas de la entidad
Las contratistas señalaron que la situación afectó gravemente su salud mental, con episodios de ansiedad y alteraciones de presión arterial que requirieron atención de urgencias. La Cancillería negó vulneraciones al mínimo vital y aseguró que los honorarios fueron pagados oportunamente, pero los jueces consideraron que las pruebas evidenciaban un 'patrón sistemático de hostigamiento y maltrato institucional'.
La versión del viceministro y de la acusada
El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, confirmó que recibió quejas de las contratistas y remitió el caso a Control Interno Disciplinario, además de reubicar a algunas afectadas. Por su parte, García Mejía rechazó las acusaciones y denunció un intento de daño reputacional en su contra.
'Se hicieron dos cosas: se les reubicó, de acuerdo con lo que solicitaron algunas de las víctimas, y se puso el caso en conocimiento de Control Interno Disciplinario', afirmó el viceministro Jaramillo.