En un giro inesperado, el Gobierno Nacional, a través de Colombia Compra Eficiente, decidió suspender por 30 días la millonaria licitación de ciberseguridad que busca seleccionar proveedores para el Estado, luego de que se conociera una denuncia por presunto pacto ilegal entre tres empresas para alterar el proceso. La decisión se tomó apenas una semana después de que la entidad rechazara las primeras denuncias sobre irregularidades.
Una denuncia que paralizó el proceso
El 20 de julio, el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla Tejeda, recibió una denuncia formal que incluía cadenas de correos electrónicos y otros elementos documentales que señalan a tres empresarios de coordinar acciones para sabotear el proceso de selección, bloquear la pluralidad de oferentes y presionar indebidamente a funcionarios mediante falsas acusaciones. Según el documento, el objetivo de estas intervenciones no era un aporte técnico constructivo, sino paralizar el desarrollo de las audiencias de riesgo y sembrar dudas sobre la idoneidad de la entidad.
La Procuraduría pone la lupa
A la denuncia se suma la actuación preventiva iniciada por la Procuraduría General de la Nación el 21 de julio. La Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública requirió información sobre aspectos técnicos, jurídicos, económicos y de estructuración del proceso, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones.
Atendiendo el volumen, complejidad, diversidad y alcance técnico, jurídico y financiero de las observaciones, es clara la necesidad de efectuar un proceso de análisis integral que permita determinar si las condiciones del proceso requieren ajustes para garantizar la pluralidad de oferentes, la libre competencia, la igualdad entre los participantes y la selección objetiva.
Impacto en el proceso de empalme
La suspensión de la licitación se conoce en medio del empalme que realiza el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, lo que añade una capa de incertidumbre política al proceso. El acuerdo marco de precios, que tendría una vigencia de dos años y un valor proyectado de 300.000 millones de pesos, busca definir las condiciones para que las entidades estatales contraten servicios de ciberseguridad.
- La licitación recibió 5.652 observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero a través de SECOP II.
- El proceso busca seleccionar proveedores de bienes y servicios de ciberseguridad para el Estado.
- La denuncia fue presentada por un remitente que aportó pruebas documentales como correos electrónicos.