En un giro inesperado dentro del proceso que cursa en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Hollman Ibáñez presentó su renuncia como apoderado de la excongresista Gloria Arizabaleta, quien enfrenta una investigación formal por prevaricato. La defensa de la expresidenta de la Comisión de Acusaciones quedará ahora en manos del jurista Luis Gustavo Moreno, según confirmó el alto tribunal en un auto reciente.
La renuncia y el nuevo rumbo legal
El auto de la Corte Suprema, que acepta la renuncia de Ibáñez, precisa que el cambio de apoderado se hará efectivo cinco días después de la presentación del escrito, conforme al artículo 76 de la Ley 1564 de 2012. Con la llegada de Moreno, el equipo legal de Arizabaleta se prepara para enfrentar un escenario judicial cada vez más complejo.
El trasfondo del caso: una suspensión polémica
La investigación contra Arizabaleta se originó por un auto inédito que profirió en su calidad de investigadora del presidente Gustavo Petro, ordenando su suspensión del cargo en el marco de una actuación disciplinaria por presunta participación indebida en política. La Corte Suprema calificó esa decisión como 'abiertamente ilegal' y abrió una investigación formal en su contra.
Las pruebas que complican a la excongresista
Según el magistrado Misael Rodríguez, en el expediente obran elementos que permiten inferir que Arizabaleta habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente Petro, de manera indirecta a través de su abogado. Además, el allanamiento a su vivienda en La Calera el pasado 16 de julio recaudó material probatorio relevante.
- Delitos imputados: prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto.
- Reuniones presuntamente destinadas a ofrecer favores procesales a cambio de coimas.
- La Corte Suprema continúa recaudando pruebas para esclarecer los hechos.
En la presente actuación obran elementos que permitirían inferir que Gloria Elena Arizabaleta Corral habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y al presidente de la República.
Con este cambio de abogado, el proceso judicial contra Arizabaleta entra en una nueva etapa, mientras la opinión pública sigue de cerca los pormenores de un caso que sacude los cimientos del poder político en Colombia.