Colombia superó durante el gobierno de Gustavo Petro la barrera de los 10 millones de víctimas del conflicto armado. Solo en los últimos cuatro años, más de un millón de personas fueron reconocidas en el Registro Único de Víctimas, en medio de la expansión de los grupos armados, el recrudecimiento de la violencia en varias regiones y los cuestionamientos a la política de 'paz total'.
La Paz Total falló por falta de método, capacidades institucionales, falta de articulación con la política de seguridad y ausencia de líneas rojas o condiciones a los grupos armados. Esto facilitó la expansión de los grupos y por tanto su gobernanza criminal y afectaciones a la población civil.
El impacto del fracaso de las mesas de diálogo
Para analizar las razones detrás de este panorama, EL TIEMPO habló con el investigador y experto en conflicto Gerson Arias, quien sostiene que el fracaso de la mayoría de las mesas de diálogo incidió en el fortalecimiento de las organizaciones armadas, aunque advierte que no fue el único factor. También plantea los retos que enfrenta el Estado para reparar a más de 10 millones de víctimas y evitar que las condiciones que alimentan la guerra vuelvan a repetirse.
- Falta de método en la política de Paz Total.
- Falta de articulación con la política de seguridad.
- Ausencia de líneas rojas o condiciones a los grupos armados.
- De 7 zonas de disputa al inicio del gobierno, hoy hay al menos 14.
Solo mencionemos el caso del Catatumbo, en donde la confrontación entre el Eln y las disidencias, en sólo 2025 causó más de 100 mil desplazados, y esto tiene su origen precisamente en la falta de conducción estratégica de la Paz Total además de la disputa por rentas criminales, entre otras razones.
El reto de reparar a más de 10 millones de víctimas
Hay que reconocer que Colombia es un referente importante en materia de atención y reparación a víctimas incluyendo la indemnización administrativa. Sin embargo, hoy el reto mayor es asegurar los recursos necesarios para la ejecución de la Ley de Víctimas y avanzar en los programas de reparación colectiva, como se prevía en el Acuerdo de Paz de 2016. A esto hay que sumarle que en el último periodo la Unidad para las Víctimas tuvo problemas de ejecución de recursos y denuncias por el uso político de los recursos.
Es fundamental seguir apoyando las labores de seguimiento y control que hacen entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría.
Garantizar la no repetición tras la expansión criminal
La no repetición es un derecho de las víctimas y de la sociedad, sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas que viven en las regiones más afectadas por la violencia. En ese sentido, es urgente avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sobre todo en lo relacionado con la reforma rural integral, los PDET y las garantías de seguridad. Hay que avanzar en la implementación de este Acuerdo, adaptar la estrategia de seguridad, mejorar las capacidades de la Fuerza Pública y la Justicia, y lograr una mejor articulación entre las políticas del gobierno y la implementación de este Acuerdo.
Sin esto, persistirían las condiciones para la expansión de los grupos y su gobernanza criminal.