La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso clave en la investigación de los crímenes cometidos por las extintas Farc-EP contra los pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó responsabilidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe como máximos responsables de una política sistemática de control territorial que, entre 1996 y 2007, dejó asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual y graves afectaciones a los territorios y lugares sagrados de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Un patrón macrocriminal de control social y territorial
La decisión corresponde al Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, dentro del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado. Se trata, además, del primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido por la JEP en los macrocasos abiertos en la segunda ronda de priorización.
Según el Auto No. 03 de la Subsala M, las acciones de las Farc-EP no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón macrocriminal de control social y territorial orientado a consolidar el poder político y militar de la organización en la región. Las víctimas principales fueron el Pueblo Negro Afrocolombiano y los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa, Kogui, Arhuaco, Wayúu, Ette Ennaka y Yukpa.
Cinco modalidades de violencia sistemática
- Cooptación de organizaciones étnicas y desplazamiento de autoridades y liderazgos considerados obstáculos para los intereses de la guerrilla.
- Asesinatos, amenazas y destierro de personas señaladas como colaboradoras de otros grupos armados.
- Castigos impuestos a quienes incumplían las reglas establecidas por las Farc-EP, incluidas represalias contra quienes se negaban a aportar recursos económicos.
- Violencias diferenciadas contra mujeres y niñas indígenas y afrocolombianas, con una visión patriarcal y violencia sexual tolerada por los comandantes.
- Consolidación del dominio sobre corredores estratégicos, produciendo desplazamientos, restricciones a la movilidad, alteración de sitios sagrados y afectaciones a la naturaleza y la vida espiritual de las comunidades.
Los cinco exjefes llamados a responder
Los llamados a responder por estos hechos son Abelardo Caicedo Colorado, conocido como ‘Solís Almeida’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘Leonardo Muñoz’; Gilberto Giraldo, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Héctor Hernández, alias ‘Fabio Borges’; y Marcos Martínez, conocido como ‘Silfredo’. Este último, aunque no integró el Estado Mayor del Bloque Caribe durante todo el periodo priorizado, fue considerado determinante en la ejecución del patrón criminal.
Crímenes de lesa humanidad y guerra
La Sala concluyó que las conductas constituyen crímenes de lesa humanidad en las modalidades de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, persecución y violación. También determinó la configuración de crímenes de guerra por homicidio, desplazamiento de población civil, tortura, violación, saqueo y destrucción de bienes culturales y lugares de culto.
423 hechos victimizantes documentados
La investigación documentó un universo provisional de 423 hechos victimizantes atribuidos al Bloque Caribe en 27 municipios priorizados. De ellos, 163 corresponden a asesinatos, 211 a desplazamientos forzados, 53 a desapariciones forzadas y 25 a hechos de violencia sexual y violencia basada en género. Además, se registraron 1.590 víctimas de desplazamiento, siendo los pueblos Wiwa, Negro Afrocolombiano y Kankuamo los más afectados.
El camino hacia la verdad y la justicia restaurativa
Para adoptar la decisión, la JEP recibió 61 informes de entidades estatales, organizaciones de víctimas y organizaciones étnicas, realizó inspecciones judiciales a 50 expedientes y desarrolló espacios de diálogo intercultural con autoridades tradicionales, mujeres y comparecientes.
Con este auto, la Sala de Reconocimiento dio por terminada la etapa de investigación sobre las extintas Farc-EP en este subcaso y abrió la fase de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Los cinco comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos atribuidos. Si reconocen su responsabilidad, el caso seguirá la ruta restaurativa prevista por la JEP; de lo contrario, podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación y enfrentar, en la ruta adversarial, sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
Con esta imputación, la Sala de Reconocimiento ha realizado 135 llamados a reconocer responsabilidad contra comparecientes hallados máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.