En la frontera norte entre Costa Rica y Nicaragua, la minería ilegal de oro ha crecido sin control, afectando más de 3.000 hectáreas y generando un saqueo estimado en más de 250 millones de dólares al año. Las autoridades costarricenses reconocen su impotencia ante la destrucción ambiental y el poder de redes criminales que aprovechan la compra del mineral ilícito por parte de compañías mineras chinas asentadas en Nicaragua.
La extracción ilegal comenzó hace dos décadas con una concesión a una empresa canadiense en la finca Crucitas, pero se ha expandido en forma de minería semiindustrial con técnicas más agresivas, incluyendo el uso de cianuro y mercurio, afectando la biodiversidad y contaminando suelos y aguas en la zona limítrofe.
“Estar ahí es una mezcla de desolación y de peligro. Es un lugar donde solo rige la ley de la selva”, comentó el periodista Cristian Montero tras visitar el cerro Conchuditas, epicentro de la minería ilegal.
El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, informó que la actividad ilegal ha evolucionado desde métodos artesanales hasta una explotación con presencia de crimen organizado, con más de 130 piletas para procesar el mineral, y que el 90% de los mineros ilegales son nicaragüenses que incluso han alterado los mojones fronterizos, afectando la soberanía nacional.
- Más de 3.000 hectáreas afectadas por minería ilegal.
- Saqueo estimado en 250 millones de dólares anuales.
- Uso de químicos contaminantes como cianuro y mercurio.
- Presencia de crimen organizado y redes criminales.
- Impacto grave en la Reserva Indio Maíz y zonas protegidas.
- Alteración de mojones fronterizos y vulneración de soberanía.
- Empresas mineras chinas con concesiones en Nicaragua compran oro ilegal.
El gobierno de Costa Rica estudia una reforma para permitir la minería metálica a cielo abierto mediante concesiones a empresas extranjeras, con la intención de regularizar y capitalizar el recurso. Esta propuesta ha generado controversia entre ambientalistas y sectores políticos que advierten que la legalización podría no resolver la minería ilegal ni los problemas asociados.
“Díganme un solo ejemplo de un proyecto minero que haya llevado desarrollo a las comunidades y haya acabado con la explotación ilegal, uno solo”, afirmó la diputada Priscilla Vindas, opositora a la concesión minera.
La situación adquiere además un carácter geopolítico debido a la participación de empresas chinas con concesiones en Nicaragua, que operan cerca de la frontera con Costa Rica, lo que dificulta la coordinación y el control de la actividad ilegal. La embajada china rechaza las acusaciones y las califica como propaganda.
A pesar de operativos recientes que han capturado a varios implicados, el problema persiste y afecta no solo la economía y el medio ambiente, sino también la seguridad y la estabilidad social en la región, con reportes de actividades criminales conexas como tráfico de armas, drogas y trata de personas.