Un llamado a superar las ideologías
Cuando se creía que con la finalización de la Guerra Fría en los 90, que privilegiaba la seguridad nacional de los Estados, se pasaría a concentrar los esfuerzos hacia la seguridad de los ciudadanos, los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001 truncaron esa posibilidad y hubo un retorno a modelos tradicionales de represión del delito a nivel nacional en la lucha contra el terrorismo. En este marco, ni la tradicional derecha, ni los nuevos gobiernos de centro e izquierda en la región han podido desarrollar políticas públicas integrales sostenibles que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
Al contrario de esto, los modelos actuales se mueven entre dos extremos: la derecha, que privilegia la mano dura, y la izquierda, que considera que la seguridad es represión y que la violencia y la delincuencia tienen su origen en las condiciones de pobreza, por lo que, mientras no se acabe con esa situación, será muy difícil reducir estas problemáticas.
Los errores de Uribe y Petro
Esta falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales se hizo evidente durante los dos períodos del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), durante los cuales coincidieron algunos gobiernos locales del Polo Democrático, con los que el Gobierno Nacional no estaba interesado en coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia en el marco de la Política de Seguridad Democrática; pero tampoco los gobiernos del Polo se mostraron interesados en trabajar con el presidente Uribe en estos temas, al considerar que los posibles logros se podrían atribuir a la Política de Seguridad Democrática. Al final, los únicos perjudicados fueron los ciudadanos.
Pero también el gobierno de Gustavo Petro cayó en la misma lógica de los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, de no trabajar de manera coordinada y permanente con los gobiernos locales que consideraba de oposición, como por ejemplo los de Antioquia, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Valle del Cauca, Bogotá, entre otros, y desconoció los llamados de auxilio de algunos gobiernos departamentales y municipales que proponían trabajar en equipo para recuperar la seguridad en sus jurisdicciones y territorios.
La seguridad como derecho y motor de desarrollo
Frente a esta realidad, el nuevo mandatario de los colombianos debe reconocer que la seguridad:
- Es un derecho que tienen los ciudadanos, y el Estado en su conjunto debe garantizarlo en el marco del Estado social de derecho, es decir, respetando y garantizando los derechos humanos.
- Garantiza los demás derechos, como a la vida, a los bienes, al desarrollo de la personalidad, a las diferencias religiosas, políticas, culturales, sexuales, etc.
- No es de derecha ni de izquierda, la debe garantizar cualquier gobierno, independientemente de su concepción política.
- Es parte de las estrategias de desarrollo económico y social. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay desarrollo.
- No es solo un problema que concierne a militares, policías y jueces, se requiere la participación de numerosas instancias estatales y ciudadanas para garantizarla.
- Requiere el liderazgo del presidente, de los gobernadores y de los alcaldes para ejecutar políticas públicas integrales que pasen de la disuasión y la prevención al uso legítimo de la fuerza en el marco del Estado social de derecho.
Un panorama más complejo que en 2002
Finalmente, es de señalar que al nuevo gobierno le va a tocar una situación más difícil que la que le tocó afrontar al presidente Álvaro Uribe en 2002: va a encontrar un país sin recursos para fortalecer la Fuerza Pública y la justicia, no va a contar con un Plan Colombia, ni lo va a haber, tendrá unas fuerzas debilitadas y en algunos casos desmotivadas, sin inteligencia estratégica y de Estado, y se encontrará con un país dividido que no lo va a acompañar en todas las acciones que emprenda para mejorar la seguridad.