Un juez frena la auditoría a la licorera antioqueña
La intensa batalla jurídica y política entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud sumó un capítulo este viernes 3 de julio. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí concedió una medida provisional que frena de forma inmediata y temporal la auditoría que el organismo de control venía adelantando en la licorera departamental.
La decisión judicial se fundamentó en la existencia de un 'riesgo cierto e inminente' de que se vulneraran los derechos fundamentales de la empresa antioqueña antes de que se resuelva de fondo la acción de tutela.
Las exigencias documentales que desbordaron la inspección
El fallo emitido por la juez reconoce que las exigencias documentales de la Superintendencia desbordaban la naturaleza habitual de una inspección, requiriendo actas e información financiera sensible protegida bajo estricta reserva industrial, comercial y financiera.
Desde la Administración Departamental de Antioquia se recibió la noticia como un espaldarazo jurídico, ratificando su postura inicial de que el ente regulador estaba asumiendo atribuciones que legalmente no le correspondían con el único fin de afectar la estabilidad de la empresa más importante de la región.
El pulso entre la Supersalud y la FLA
Esta determinación frena un escalamiento de tensiones que llegó a su punto más crítico a comienzos de esta semana. El pasado viernes 26 de junio, una comisión de la Supersalud irrumpió en las instalaciones de la FLA para ejecutar una diligencia de inspección y vigilancia enfocada en las rentas destinadas al sector salud.
Sin embargo, la alta gerencia de la licorera se negó a suministrar parte de los documentos solicitados, catalogando la solicitud como un exceso regulatorio.
Ante este escenario, el superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, calificó el episodio como un bloqueo 'extraordinario y nunca antes visto', interponiendo formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta obstrucción a la justicia y dando traslado de los hechos a la Procuraduría y la Contraloría.
Por su parte, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, ha defendido con vehemencia la posición institucional, desmintiendo que se esté ocultando información o evadiendo el control de ley.
Los argumentos de la FLA y las acusaciones de persecución política
La empresa argumentó que los auditores exigían soportes que exceden por completo el ámbito de la salud, tales como conciliaciones jurídicas en curso, estados de cuentas bancarias corporativas e incluso registros sobre figuras administrativas inexistentes dentro de la fábrica, como gastos de representación, cajas menores o tarjetas de crédito.
Ramos y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han sugerido de forma abierta que estas agresivas fiscalizaciones obedecen más a una persecución política y a un 'látigo vengador' por parte del Gobierno Nacional debido a las tensiones regionales que a un genuino interés de protección al sistema sanitario.
Lo que viene: suspensión cautelar hasta fallo definitivo
Por lo pronto, las actuaciones administrativas de la Supersalud quedan suspendidas de manera cautelar hasta que la justicia constitucional emita su fallo definitivo.