Un hábeas corpus que desató una tormenta diplomática
La jueza Miryam Alcira Martínez, del Juzgado 44 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, concedió un hábeas corpus al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, ordenando su libertad inmediata. La decisión, emitida el 14 de junio de 2026, provocó una dura reacción de la embajada de Países Bajos en Colombia, que envió una nota diplomática solicitando su revocación y adjuntando la solicitud formal de extradición.
Los argumentos de la jueza: debido proceso vs. formalidades
Van der Voort fue capturado el 18 de febrero de 2026 en cumplimiento de una orden de extradición de Países Bajos por narcotráfico. Desde entonces permanecía en la cárcel La Picota. Su defensa alegó que el Ministerio de Justicia remitió el expediente a la Corte Suprema sin verificar que la solicitud de extradición cumpliera todos los requisitos, en particular la traducción oficial completa al español de varios documentos.
La jueza Martínez consideró que la designación directa de un traductor por parte de la Corte Suprema para subsanar la falta de traducción constituyó una vulneración al debido proceso. Sostuvo que, al no estar formalizado el expediente, la detención provisional perdía su causa legítima. 'El debido proceso es la única garantía del detenido en un proceso como el de la extradición. Si las entidades destruyen las formas, destruyen la única defensa del ciudadano', afirmó en su fallo.
La respuesta de la embajada: riesgo de fuga y cumplimiento de requisitos
En su nota diplomática, la embajada de Países Bajos sostiene que la designación de un traductor oficial por parte de la Corte Suprema no afecta la formalización de la solicitud de extradición. 'La designación se refiere exclusivamente a la garantía de los derechos del ciudadano capturado para efectos de la etapa de proyección del concepto por parte de la Corte Suprema, garantizando la traducción del neerlandés al español. Por lo que no afecta el cumplimiento de la formalización de la solicitud de extradición', argumenta la misiva.
La embajada advierte que la libertad de Van der Voort supone un altísimo riesgo de fuga y podría truncar el proceso de extradición. Por ello, solicita respetuosamente revocar la decisión de la jueza Martínez.
Un debate jurídico de fondo
El caso ha generado controversia en el ámbito judicial colombiano. Mientras la jueza Martínez defiende que el procedimiento de extradición debe cumplir estrictamente las formalidades legales, la embajada y sectores judiciales consideran que la designación de un traductor es una herramienta válida para garantizar los derechos del detenido sin entorpecer el proceso. La Procuraduría también ha anunciado que pondrá la lupa sobre el caso, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas.