Una nueva estructura para las fiestas
La propuesta de la Alcaldía de Cartagena para crear una nueva entidad encargada de administrar las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre abrió un intenso debate entre la administración distrital y sectores culturales que advierten riesgos para el patrimonio inmaterial más importante de la ciudad.
La discusión se trasladó este jueves al Concejo Distrital durante una audiencia pública convocada para analizar el proyecto de acuerdo que busca constituir una entidad descentralizada responsable de planear, organizar, promover y ejecutar el calendario festivo de Cartagena.
Mientras el Distrito sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la gestión de las fiestas, garantizar recursos permanentes y mejorar su organización, investigadores, gestores culturales y representantes de organizaciones ciudadanas cuestionaron aspectos relacionados con la gobernanza, la financiación y la protección de los valores patrimoniales de la celebración.
Los detalles del proyecto
La propuesta presentada por la administración contempla la creación de una entidad sin ánimo de lucro, de carácter público o mixto, vinculada a la Secretaría de Turismo y dotada de autonomía administrativa, financiera y presupuestal.
Según el proyecto, esta organización tendría a su cargo la planeación integral de las Fiestas de Independencia y la coordinación de otros eventos culturales, turísticos y artísticos de impacto local, nacional e internacional.
EL TIEMPO pudo conocer que el modelo busca dotar a las festividades de una estructura permanente que permita superar las dificultades operativas y presupuestales que históricamente han enfrentado los procesos de organización.
La entidad administraría recursos provenientes del Distrito, aportes de otras entidades públicas, donaciones, ingresos propios y contribuciones privadas. Además, tendría facultades para gestionar el aprovechamiento económico del espacio público utilizado durante las festividades, recursos que serían reinvertidos en el desarrollo de los eventos.
La dirección estaría encabezada por una junta directiva presidida por el alcalde de Cartagena e integrada por representantes de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Corpoturismo y otros miembros que posteriormente definan los estatutos.
Las alertas del sector cultural
Aunque varios asistentes reconocieron la necesidad de fortalecer institucionalmente las fiestas, las principales críticas surgieron por la ausencia de una articulación clara con el Plan Especial de Salvaguarda (PES), instrumento que protege esta manifestación cultural declarada patrimonio inmaterial.
Una de las intervenciones más relevantes fue la de la investigadora y gestora cultural Gina Ruz Rojas, representante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia. Durante su exposición aseguró que el proyecto presenta una visión enfocada en la administración de eventos y no en la protección de una manifestación cultural viva.
Según explicó, la propuesta no desarrolla de manera explícita las líneas estratégicas contempladas en el PES y podría terminar privilegiando una lógica comercial sobre los procesos comunitarios que históricamente han sostenido las festividades.
Ruz también cuestionó que la entidad quede adscrita a la Secretaría de Turismo y no a una instancia cultural, teniendo en cuenta que el núcleo de las Fiestas de Independencia está asociado a expresiones patrimoniales, identitarias y comunitarias.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la composición de la junta directiva. Los críticos consideran que la propuesta deja por fuera a actores fundamentales como representantes de cabildos, comparsas, bandos, gestores culturales y organizaciones comunitarias vinculadas al proceso festivo.
Temores por comercialización y gobernanza
Durante la audiencia también se plantearon inquietudes sobre los mecanismos de financiación previstos en la iniciativa. Algunos sectores señalaron que experiencias similares en otras ciudades han generado debates por el peso creciente de los intereses comerciales dentro de festividades tradicionales.
Los asistentes advirtieron que el reto consiste en garantizar recursos para la sostenibilidad de las fiestas sin comprometer su carácter popular, participativo y patrimonial. Asimismo, pidieron abrir un proceso más amplio de consulta ciudadana antes de avanzar en la aprobación definitiva del proyecto.