En la madrugada del pasado 17 de julio, un grupo de hombres armados llegaron hasta la comunidad indígena Saracure Río Cara, en Cumaribo, a incendiar las viviendas de la zona. Producto de ese violento ataque murieron tres personas y otras más quedaron heridas. El hecho, que consternó a los habitantes de Vichada, refleja la difícil situación de orden público por la que pasa el país.
Un balance que duplica las cifras del año anterior
El más reciente balance de la Defensoría del Pueblo precisamente da cuenta de ello. El organismo documenta que en el primer semestre de este año se cometieron 68 masacres, un promedio de 11 al mes, un dato que duplica las 34 reportadas para el mismo periodo de 2025.
Los distintos episodios que han enlutado al país ocurrieron en medio del fin de la fracasada ‘paz total’, con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro sentó las bases para abrir diálogos con distintos grupos armados ilegales. Durante las negociaciones del último cuatrienio, de acuerdo con reportes de diferentes entidades, grupos como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc expandieron su poder criminal, en lugar de verse reducido.
Marzo, el mes más violento
Las 68 masacres entre enero y junio ubican al primer semestre de este año como uno de los más violentos de la última década. El mes con más ataques fue marzo, cuando se presentaron 14, seguido de enero y abril con 13 cada uno. En total, los ataques dejaron 272 víctimas mortales.
Como pasa en muchos gobiernos, se interpretan y con eso pueden querer demostrar que el problema no es tan grande. Eso va más en la vía de respuesta política.
Asesinatos de líderes y desplazamientos forzados
En su balance semestral, la entidad también hizo referencia al alto número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y de firmantes de paz. Para los primeros se contabilizaron 78 casos, una cifra que bajó frente a los 89 del mismo lapso del año pasado, pero que sigue siendo alarmante. El mes más violento fue abril, con 18 homicidios.
De esos 78 asesinatos, que según el balance dan cuenta de la violencia y estigmatización a la que están expuestos estos liderazgos regionales, la mayoría de las víctimas (61) eran hombres.
La situación para los firmantes de paz también preocupa. Aunque el número no es tan alto como el de líderes sociales, la Defensoría advirtió que entre enero y junio se registraron cuatro homicidios, 21 menos que en igual lapso del 2025. Dos fueron cometidos en febrero, uno en marzo y otro en junio.
Al desplazamiento forzado, la entidad que vela por el cumplimiento de los derechos humanos también le hizo seguimiento: hubo 83 eventos que dejaron 15.960 víctimas. Además, se reportaron 44 confinamientos que llevaron a que 64.787 personas tuvieran problemas para movilizarse por sus territorios.
Los retos en seguridad para el nuevo gobierno
Las cifras en rojo de masacres y asesinatos de líderes sociales que deja el gobierno Petro representan un desafío para la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que designó al general (r) Jorge Mora López como su ministro de Defensa, y al abogado Iván Cancino como jefe de la cartera de Justicia. La intención de De La Espriella es acabar con la ‘paz total’ y los beneficios para delincuentes, fortalecer la Fuerza Pública y atacar por todas las vías a los criminales, para reducir los delitos que afectan a las poblaciones urbanas y rurales.
El anuncio del mandatario electo de terminar con las gabelas concedidas a grupos ilegales en la ‘paz total’ puede tener un efecto inmediato de aumento de la violencia, pues lleva a que los grupos tengan menos incentivos en detener acciones violentas contra otros grupos armados y puede exacerbar disputas entre ellos.
Según el analista Jorge Andrés Rico, el gobierno entrante llega con muchos desafíos en seguridad. “Hoy tenemos una interacción que cada vez es más transnacional por la multicriminalidad. Hay que tener en cuenta que Colombia está en un conflicto armado interno que se ha atomizado, y los actores han crecido”, sostiene. Afirma que esa expansión criminal ha hecho que el Estado se debilite, por lo que considera importante que vuelva a brindarse atención institucional de forma integral.