El nuevo Congreso, que apenas inicia su periodo legislativo de cuatro años, ya enfrenta un debate que promete dividir opiniones: la posibilidad de reformar la Constitución para imponer cadena perpetua a quienes asesinen o abusen de menores de edad. La iniciativa, que revive un intento fallido en 2021, ha tomado fuerza tras el feminicidio de María Camila Potosí, cuyo bebé de ocho meses de gestación también fue asesinado.
El impulso presidencial y la respuesta legislativa
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se pronunció en redes sociales sobre el caso, manifestando su respaldo al endurecimiento de las penas. 'Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan', escribió.
En respuesta, la representante a la Cámara del Centro Democrático, Nelly Patricia Mosquera, anunció que pondrá a disposición del Gobierno su proyecto de ley para establecer la cadena perpetua en estos casos. 'Nuestra sociedad no puede tolerar más la burla que los abusadores hacen de una justicia blanda', afirmó.
Un obstáculo constitucional: el precedente de 2021
La propuesta no es nueva. En 2021, la Corte Constitucional tumbó una reforma similar que buscaba modificar el artículo 34 de la Constitución, que actualmente prohíbe la cadena perpetua. El alto tribunal consideró que la medida vulneraba el principio de dignidad humana y la finalidad resocializadora de la pena, lo que generó un fuerte debate en su momento.
Las voces de los analistas: prevención vs. castigo
Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa como una respuesta a la indignación ciudadana, analistas jurídicos y sociales cuestionan su viabilidad y efectividad. Expertos señalan que el endurecimiento de las penas no necesariamente disuade a los agresores y que se requieren estrategias integrales de prevención, como la educación sexual, la detección temprana del abuso y el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil.
El problema no es solo la severidad de la pena, sino la capacidad del Estado para prevenir estos delitos y garantizar que los responsables no queden impunes. Una reforma constitucional no resuelve las fallas estructurales del sistema.
El impacto en la comunidad y el futuro del proyecto
El caso de María Camila Potosí ha conmocionado al país y ha reavivado el clamor por una justicia más dura. Sin embargo, el camino legislativo será complejo: se requiere una doble vuelta en el Congreso y, eventualmente, un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mientras tanto, la discusión sobre cómo proteger a los menores y sancionar a sus agresores sigue abierta, con posiciones encontradas entre el castigo ejemplar y la prevención social.