Una investigación publicada por la revista 'Semana' reveló la existencia de una presunta red de corrupción salpicada por tráfico de influencias y cobro de dádivas que habría operado entre los años 2024, 2025 y 2026 dentro de distintas dependencias del Ejecutivo. De acuerdo con el expediente periodístico, la estructura estuvo encabezada por las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes, sin contar con vinculación formal como servidoras públicas, habrían ejercido poder e injerencia sobre decisiones contractuales en Ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad.
Los testimonios y documentos que sustentan la denuncia
Tres empresarios y contratistas que participaron en las gestiones entregaron al medio periodístico documentos, mensajes de texto, registros de llamadas y comprobantes de transferencias bancarias que detallan cómo se cobraban tarifas para acceder a reuniones institucionales y asegurar la entrega de licitaciones públicas.
Se cobraban tarifas para acceder a reuniones institucionales y asegurar la entrega de licitaciones públicas.
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