Un giro inesperado en la recta final
El caso por la supuesta extorsión al senador Alejandro Bermeo, que ha sacudido el panorama político y judicial del Tolima, dio un nuevo giro este martes. La defensa de Óscar Alfonso Barrero, el abogado capturado en Ibagué, decidió desistir de la audiencia de libertad por vencimiento de términos que estaba programada para este 4 de agosto en el Juzgado 6 de Control de Garantías de la ciudad.
Según el documento firmado por el abogado Jhony Mena, la imputación de cargos se realizó el 22 de abril, por lo que el término de 60 días venció el 21 de junio. Sin embargo, la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 11 de junio, es decir, dentro del plazo legal. Este desistimiento evita que el juez evalúe una posible libertad del procesado, quien permanece detenido en el Tolima.
El entramado de la extorsión
Los hechos que originaron la investigación se remontan al 13 de abril, cuando Barrero contactó vía WhatsApp al entonces senador electo Alejandro Bermeo, con el argumento de que debía hablar sobre Ingrid Yamile Quinaya, una mujer que lo denunciaría por presunto acceso carnal violento. Aunque Bermeo inicialmente negó conocerla, la Fiscalía sostiene que sí la contactó como trabajadora sexual, mientras que Quinaya asegura que sostuvieron una relación sentimental.
La cita pactada en un café de Ibagué derivó en presiones psicológicas y la entrega de 10 millones de pesos por parte de Bermeo para evitar la denuncia. Barrero, sin embargo, exigió 20 millones adicionales, y en un segundo encuentro, el 14 de abril, recibió 3 millones de manos de Didier Blanco, director designado de la UNP. La Fiscalía indica que Barrero pidió un total de 100 millones de pesos, lo que llevó a Bermeo a denunciar el hecho ante las autoridades.
La captura en flagrancia y sus consecuencias
El 21 de abril, durante una entrega controlada, el Gaula capturó en flagrancia a Barrero, un procedimiento que fue difundido ampliamente en redes sociales. Siete horas después, Ingrid Yamile Quinaya radicó la denuncia por violencia sexual contra Bermeo, lo que ha dado lugar a una investigación paralela.
Esto demuestra inequívocamente que la denuncia penal jamás fue concebida por el profesional del derecho como un mecanismo de administración de justicia, sino como un instrumento de coacción económica continuada
La Fiscalía, a cargo de la fiscal Gloria Lastra, ha señalado que la denuncia de Quinaya fue instrumentalizada por Barrero para presionar a Bermeo. Ahora, el caso sigue su curso mientras se analizan los chats y audios que podrían vincular formalmente al senador en la investigación por violencia sexual.