El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un ultimátum a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie en la demanda que busca tumbar el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. En un oficio del 9 de junio, se solicitó al ente de control que cumpla con un requerimiento clave que data del 6 de abril.
El origen del conflicto
El nuevo modelo de pasaportes se basa en una alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, que busca transferir conocimientos para la elaboración del documento. Este contrato se firmó luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera retirar el negocio a la multinacional Thomas Greg, que lo manejaba desde años atrás.
Las negociaciones estuvieron rodeadas de polémica por supuestas irregularidades contractuales, lo que llevó a la Procuraduría y la Fiscalía a investigar a los excancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia.
La demanda de la Procuraduría
En la jurisdicción contenciosa administrativa se radicaron varias demandas para anular el contrato del 28 de julio del año pasado con la Casa de la Moneda de Portugal, por un valor de 1,3 billones de pesos. Una de ellas fue presentada por la Procuraduría, que advierte graves irregularidades en la negociación.
- La Procuraduría argumenta que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda aportaron solo el 21 % del valor total del negocio, incumpliendo el mínimo del 50 % de financiación exigido por la norma.
- El caso está a cargo del magistrado José Élver Muñoz, quien ha emitido varias órdenes para avanzar en el proceso.
La carta rogatoria sin respuesta
El 6 de abril, el magistrado solicitó a la Procuraduría, como parte accionante, que tramitara una carta rogatoria dirigida a la Casa de la Moneda de Portugal para que exponga sus argumentos. El documento debía ser traducido al portugués y enviado por canales diplomáticos, con apostilla.
“Los documentos serán traducidos por un traductor o intérprete oficial... La parte actora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito”, señala el oficio del 6 de abril.
Han pasado tres meses sin que el tribunal reciba respuesta. Por ello, el 9 de junio se emitió un segundo oficio dando tres días hábiles a la Procuraduría para que informe sobre el estado del trámite.
La urgencia de la decisión
La urgencia se debe a que la Casa de la Moneda interpuso una acción de nulidad el 27 de mayo, pidiendo tumbar el proceso. Antes de decidir, el despacho del magistrado Muñoz busca conocer el estado de la gestión de la Procuraduría.
En los estrados judiciales se han radicado varios recursos, siendo el de la Procuraduría uno de los más relevantes.