Este miércoles 1.° de julio de 2026 entró en vigencia el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Aunque la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) respaldó la necesidad de actualizar la metodología, anunció que demandó la norma ante el Consejo de Estado tras advertir que su implementación compromete la seguridad jurídica del sector y la sostenibilidad financiera de los servicios.
Hoy empieza la crónica de una muerte anunciada. Tuvimos que demandar un marco tarifario en este país, y lo hacemos porque aquí no se trata de si Colombia necesita una reforma, sino de cómo se implementa: sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, afirmó que la medida afectará directamente a los usuarios, pues los costos actualizados y las nuevas exigencias regulatorias terminarán provocando un aumento en las facturas, contrario al propósito inicial del Gobierno de reducirlas.