Durante la Cátedra Luis Carlos Sarmiento Angulo, realizada en la Escuela Colombiana de Ingeniería para analizar el desarrollo de las concesiones viales y su aporte al crecimiento económico, Alberto Mariño Samper, presidente de Proindesa, afirmó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene obligaciones pendientes por $ 8,9 billones derivadas de sentencias, laudos arbitrales y decisiones de amigables componedores que no han sido pagadas oportunamente.
Una deuda que frena la inversión
Mariño advirtió que el retraso en el pago de estas obligaciones genera incertidumbre jurídica y desincentiva la participación de inversionistas en futuros proyectos de infraestructura. La deuda acumulada refleja fallos en la gestión de contratos y la necesidad de una reforma estructural.
Propuesta de reforma a la Ley 1508
El presidente de Proindesa propuso cambios a la Ley 1508 de Asociaciones Público-Privadas (APP) para garantizar mayor transparencia, eficiencia y sostenibilidad fiscal. Entre los puntos clave están la creación de un fondo de contingencia para cubrir laudos y sentencias, y la implementación de mecanismos de resolución de conflictos más ágiles.
No podemos seguir acumulando deudas que paralizan el desarrollo. Las APP deben reformarse para que el Estado cumpla con sus obligaciones y los proyectos no se detengan por falta de pago.
Impacto en las concesiones viales
Mariño también alertó sobre problemas en las concesiones actuales, donde los retrasos en los pagos y las disputas contractuales han generado sobrecostos y demoras en obras clave para la conectividad del país. La reforma propuesta busca evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.