El cierre parcial del estrecho de Ormuz, vía clave para el 20% del petróleo mundial, ha generado alarma en las aseguradoras marítimas. Compañías como Gard, Skuld y London P&I Club han cancelado coberturas de riesgos de guerra en aguas iraníes y adyacentes desde el 5 de marzo, mientras otras trabajan en opciones para restablecerlas.
El grupo japonés MS&AD también suspendió pólizas que cubrían riesgos de guerra alrededor de Irán e Israel. En España, el mercado mantiene coberturas pero ajusta precios y garantías, excluyendo riesgos cuando el conflicto se materializa, pasando de hipótesis a amenazas ciertas.
Impacto en cadenas de suministro y litigios futuros
Las pólizas estándar excluyen daños indirectos como retrasos o pérdidas por bloqueos, que activan seguros de riesgo político. Expertos advierten que el mayor problema son las interrupciones en financiamiento y crédito, anticipando litigios millonarios por interpretaciones de exclusiones y denegaciones de cobertura.
Empresas españolas enfrentan exclusiones en pólizas de responsabilidad civil y daños, que no cubren interrupciones sin daño físico. Las cláusulas por sanciones, cada vez más amplias, generan incertidumbre en pagos y obligan a coordinar legal, compliance y seguros para evitar vacíos contractuales.
Subida de primas y riesgos emergentes en ciberseguridad
Las primas de guerra y ciberriesgos se han duplicado o triplicado, con aumentos del 50% al 100% en renovaciones. Se prevén ataques híbridos que no encajan en categorías tradicionales, complicando la cobertura y aumentando el endurecimiento de condiciones y franquicias.
Despachos especializados han activado comités de crisis para revisar mapas de riesgos y rediseñar cláusulas, anticipando litigios relacionados con sanciones y riesgos emergentes globales, especialmente en sectores como renovables y offshore.
Recomendaciones para empresas y contexto en España
Se aconseja a las empresas revisar proactivamente sus pólizas para evitar cancelaciones unilaterales y asegurar la coherencia de exclusiones. Aunque el impacto directo en suministro energético es bajo, los costes aumentados tensionan contratos y activan reclamaciones por riesgos políticos.
La legislación vigente limita la aplicación de la figura jurídica rebus sic stantibus para renegociar contratos, por lo que la mayoría de disputas se resuelven extrajudicialmente o no prosperan.
Petición de ayudas y medidas urgentes
Empresas españolas, especialmente del transporte y sector agrario, reclaman ayudas directas como bonificaciones al gasóleo y reducción de impuestos para mitigar el impacto del encarecimiento de combustibles y energía. Se solicita también la investigación de posibles fijaciones de precios.
El sector legal y los brokers alertan sobre la turbulencia global en infraestructuras y responsabilidad civil marítima, con primas notablemente aumentadas y exclusiones expresas por la crisis en Ormuz.