En un operativo coordinado, las autoridades lograron ubicar y neutralizar arsenales clandestinos y estructuras de procesamiento de droga en Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Santander. Estas acciones representan un duro revés para los grupos armados que operan en esas regiones.
Un arsenal listo para atacar: el hallazgo en Ituango
En el municipio de Ituango, Antioquia, tropas del Ejército, en conjunto con la Fiscalía, localizaron un depósito ilegal atribuido a la Estructura 18 ‘Román Ruíz’ de las disidencias. El arsenal incluía 17 artefactos explosivos improvisados para ser lanzados con drones, 13 minas antipersonal, municiones de varios calibres, una escopeta, proveedores para fusil, cordón detonante y otros elementos de uso militar.
Las autoridades señalaron que este material representaba una amenaza directa para la población civil y la infraestructura estratégica del norte de Antioquia. La operación permitió desactivar el peligro y debilitar la capacidad logística de la organización armada.
Putumayo: 50 minas antipersonal destruidas en Puerto Asís
En la zona rural de Puerto Asís, Putumayo, el Ejército y la Policía hallaron y destruyeron de manera controlada un depósito clandestino de la Estructura 48. En el lugar se encontraron 50 minas antipersonal almacenadas junto a otros elementos destinados a acciones armadas.
La oportuna intervención evitó que estos artefactos fueran utilizados contra las tropas o las comunidades que transitan por los corredores rurales de la región, donde suelen ser instalados.
Norte de Santander: desmantelan megacomplejo de cocaína del ELN
En la zona rural de Salazar de las Palmas, Norte de Santander, soldados de la Brigada 30, con apoyo de la Policía, desmantelaron un complejo ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente al ELN. En el operativo se incautaron 816 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 120 kilogramos de pasta base de coca y diversos insumos químicos.
La afectación económica para esta organización supera los 4.161 millones de pesos, recursos que eran utilizados para financiar sus actividades ilícitas y acciones contra las instituciones.
Con estos resultados, la Fuerza Pública reafirma su compromiso de debilitar las estructuras criminales y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto.