El sistema de salud colombiano llega al final del Gobierno Petro con una crisis silenciosa que estalla en cifras: al menos $25,7 billones en deudas con hospitales y clínicas, y 4.104 IPS cerradas entre 2021 y 2025. La herencia para la próxima administración es un entramado asistencial al borde del colapso.
Un sistema financieramente exhausto
Los organismos de control han documentado el deterioro progresivo de las EPS, muchas de ellas al borde de la intervención. La falta de flujo de recursos ha generado un efecto dominó: hospitales sin insumos, proveedores sin pago y pacientes que ven aumentar las barreras para acceder a servicios básicos y especializados.
- Deuda acumulada de $25,7 billones con la red prestadora.
- Cierre de 4.104 IPS en el periodo 2021-2025.
- Aumento de tutelas y acciones judiciales por negación de servicios.
- EPS con carteras morosas que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos.
El impacto en pacientes y trabajadores
La crisis no es solo contable. Detrás de cada cifra hay pacientes que esperan cirugías, citas con especialistas o medicamentos que no llegan. Los trabajadores de la salud, por su parte, enfrentan retrasos salariales y condiciones laborales cada vez más precarias, lo que agrava la deserción y la falta de personal calificado en regiones apartadas.
La judicialización se ha convertido en la única vía para que muchos pacientes accedan a sus derechos, una señal inequívoca de que el sistema no está cumpliendo su función.
Los retos inmediatos para la nueva administración
El equipo de Abelardo de La Espriella y su ministra designada, Ana María Vesga, tendrán que priorizar el saneamiento de las deudas, la reestructuración de las EPS inviables y la recuperación de la confianza de la ciudadanía. No bastará con inyecciones de dinero: se requiere una reforma estructural que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
- Definir un plan de pagos claro y verificable con hospitales y proveedores.
- Fortalecer la red pública de prestadores en zonas rurales y marginadas.
- Reducir la judicialización mediante mecanismos administrativos ágiles.
- Garantizar la transparencia en el giro directo de recursos.
El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero el tiempo apremia. Cada mes de retraso en las decisiones profundiza la crisis y aleja la posibilidad de un sistema de salud que realmente ponga al paciente en el centro.