Análisis Bogotá enfrenta una parálisis en su justicia policiva con más de 1,4 millones de expedientes siguen sin resolverseEl rezago alcanza casos de porte de armas, espacio público, urbanismo y convivencia, algunos de ellos con más de cuatro décadas de antigüedad.Riñas en Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPOLink Carol MalaverSUBEDITORA DE BOGOTÁ 16.06.2026 15:59 Actualizado: 16.06.2026 15:59 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles La justicia policiva de Bogotá, encargada de resolver miles de conflictos cotidianos que afectan la convivencia ciudadana, atraviesa una crisis de congestión sin precedentes. Un informe de la Personería de Bogotá reveló que actualmente existen 1.487.091 expedientes abiertos en la ciudad, una cifra que refleja las dificultades institucionales para responder de manera oportuna a conductas que van desde el porte de armas y las riñas hasta la ocupación indebida del espacio público y las infracciones urbanísticas.La alerta lanzada por el organismo de control no se limita al volumen de casos pendientes. El estudio concluye que buena parte de esos expedientes ni siquiera ha iniciado un trámite efectivo. De los procesos abiertos, 931.790 permanecen sin asignación a una autoridad competente, lo que significa que seis de cada diez expedientes activos están represados desde etapas administrativas preliminares.Caen ocho presuntos integrantes de ‘Los Selectivos’, señalados de cometer paseos millonarios en la zona T de Bogotá: estos son los casosPara la Personería, este escenario configura una verdadera parálisis institucional. El personero Andrés Castro Franco advirtió que la congestión ya no se encuentra únicamente en los despachos encargados de decidir los casos, sino que se trasladó a las fases previas de reparto y asignación, impidiendo que miles de procesos avancen siquiera hacia una evaluación de fondo.La jurisdicción policiva cumple una función esencial en la ciudad. A través de ella se tramitan conflictos relacionados con porte de armas cortopunzantes, riñas, ruido excesivo, manejo de residuos, ocupación del espacio público, consumo de sustancias psicoactivas en entornos educativos, tenencia de animales, evasión del pago en TransMilenio y controversias derivadas de obras y urbanismo, entre otros asuntos.En la práctica, el represamiento implica que miles de ciudadanos permanecen durante años esperando decisiones sobre situaciones que afectan directamente su vida cotidiana y la convivencia en los barrios.La justicia estancadaUno de los hallazgos más delicados del informe tiene que ver con el estado real de los procesos que permanecen abiertos. nLa Personería encontró que el 94,2 por ciento de los expedientes en trámite carece de impulso procesal sustantivo. En otras palabras, los casos no han superado las fases iniciales de radicación y reparto y no registran actuaciones de fondo como audiencias, decisiones, ejecución de órdenes o recursos de segunda instancia.La consecuencia es que apenas el 5,8 por ciento de los expedientes abiertos, equivalentes a 86.125 procesos, presenta alguna actuación sustancial registrada.Para el organismo de control, este panorama constituye un “quiebre absoluto en el impulso procesal”, una situación que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a obtener respuestas oportunas por parte del Estado.Las cifras adquieren una dimensión aún mayor al observar el acumulado histórico. Desde la entrada en vigencia del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 2017, Bogotá ha radicado 3.921.661 expedientes policivos. Aunque el 62 por ciento ha sido resuelto, todavía permanece abierto el 38 por ciento de los casos registrados durante ese período.Un dato que ayuda a dimensionar la magnitud del problema es que la Secretaría Distrital de Gobierno ha gestionado el 45 por ciento de todos los expedientes radicados desde 2017, con una tasa de resolución del 94,2 por ciento. En contraste, las inspecciones de Policía de las 20 localidades han recibido el 31 por ciento de los procesos y han logrado resolver el 62,8 por ciento de ellos, una diferencia que refleja las dificultades operativas que enfrenta el sistema en el territorio.El problema que conecta convivencia e inseguridadArmas y otros materiales incautados al hombre capturado. Foto:Policía Metropolitana de Cali Entre todos los hallazgos, uno de los que más preocupa a la Personería está relacionado con los expedientes por porte de armas.Desde 2017 se han abierto 1.243.798 procesos por esta conducta, considerada una de las principales amenazas para la convivencia y la seguridad ciudadana. Aunque el 59,2 por ciento de esos casos ya fue cerrado, todavía permanecen abiertos 507.800 expedientes.La cifra adquiere una dimensión más preocupante cuando se observa que 392.353 de esos procesos, equivalentes al 77 por ciento, ni siquiera cuentan con una dependencia asignada para resolverlos.El propio informe identifica el porte de armas como el principal comportamiento contrario a la convivencia registrado en la ciudad. Esta conducta representa el 65 por ciento de todas las contravenciones registradas en Bogotá, muy por encima de otras infracciones como la afectación al procedimiento policial, que concentra el 24 por ciento, o las riñas y situaciones de maltrato, que representan el 5 por ciento.Las localidades con mayor número de expedientes por porte de armas son Ciudad Bolívar y Bosa, territorios que históricamente han concentrado importantes desafíos de seguridad y convivencia. Ciudad Bolívar registra 33.244 procesos creados y 16.220 activos, mientras que Bosa acumula 31.942 expedientes, de los cuales 5.257 continúan abiertos.Las localidades más afectadasLa congestión no golpea por igual a toda la ciudad. De acuerdo con el informe, La Candelaria presenta la mayor proporción de expedientes en curso, con el 62,8 por ciento de sus procesos aún abiertos. Le siguen Los Mártires, con el 55,8 por ciento; Suba, con el 52,7 por ciento, y Ciudad Bolívar, con el 51,9 por ciento.Sin embargo, al revisar el volumen total de expedientes radicados entre 2017 y 2026, los mayores focos de conflictividad se concentran en Kennedy, Santa Fe, Bosa y Suba, localidades que reúnen el 34 por ciento de todos los procesos policivos de Bogotá.Kennedy encabeza la lista con el 10,8 por ciento de los expedientes de la ciudad, seguida por Santa Fe, con el 9,3 por ciento; Bosa, con el 7 por ciento; Suba, con el 6,8 por ciento; Usaquén, con el 6,2 por ciento, y Rafael Uribe Uribe, con el 5,7 por ciento.La Personería explica que estas localidades combinan una alta densidad poblacional, intensa actividad comercial y complejas dinámicas relacionadas con el uso del espacio público, factores que incrementan la frecuencia de intervenciones policivas y la generación de expedientes.Expedientes que llevan décadas esperandoEl informe también encontró señales de una congestión histórica que se ha acumulado durante años.La Personería identificó 33.949 expedientes iniciados antes de 2018 que siguen vigentes. Entre ellos aparecen casos que datan de la década de 1980 y que aún no han sido cerrados.Uno corresponde a un proceso por ocupación del espacio público en Kennedy iniciado en 1985. Otro está relacionado con cerramientos sin autorización de parques públicos en Puente Aranda y fue abierto en 1986. El tercero, en Engativá, se refiere a franjas de terreno entre edificaciones y permanece activo desde 1987.Aunque estos son casos excepcionales, ilustran el tamaño del rezago acumulado por la jurisdicción policiva de la ciudad.Los procesos más recientes tampoco muestran tiempos satisfactorios. Según la Personería, una querella tarda en promedio dos años en resolverse, mientras que los expedientes relacionados con actividad económica requieren 2,1 años. En los casos de contravenciones y espacio público la espera llega a 2,3 años, y en obras y urbanismo alcanza los 2,7 años, el peor indicador de todos los regímenes analizados.El impacto del fin de las medidas de descongestiónEl estudio también identifica una causa concreta detrás del deterioro reciente de los indicadores.Según la Personería, el represamiento aumentó tras el cierre de las inspecciones de descongestión creadas por la administración distrital anterior para reducir la acumulación de procesos.Mientras esas medidas estuvieron vigentes, Bogotá lograba cerrar cerca de 36.000 expedientes mensuales. Después de su desmonte, en junio de 2024, la cifra cayó a 23.927 procesos cerrados por mes.La reducción equivale a una pérdida del 33 por ciento en la capacidad de cierre de expedientes de la ciudad. Sin embargo, el personero Andrés Castro también advirtió que, una vez terminaron las estrategias de descongestión, el cierre mensual de expedientes se redujo cerca de un 40 por ciento, lo que evidencia que la estructura actual resulta insuficiente para absorber el volumen de conflictos que llegan cada año a la jurisdicción policiva.El retrato de la conflictividad en BogotáEl análisis permite además identificar cuáles son los comportamientos que más trabajo generan para la justicia policiva.Las contravenciones representan el 48,5 por ciento de todos los expedientes registrados en la ciudad, mientras que las infracciones relacionadas con el espacio público concentran el 44,5 por ciento. Es decir, entre ambas categorías reúnen el 93 por ciento de toda la carga procesal del sistema.El porcentaje restante corresponde a procesos relacionados con actividad económica (3,3 por ciento), obras y urbanismo (2,1 por ciento), querellas (1,3 por ciento) y casos sin clasificación definida.Dentro de las contravenciones, el 50 por ciento de los expedientes se concentra en apenas cinco localidades: Kennedy, Santa Fe, Bosa, Usaquén y Suba.Kennedy lidera nuevamente el listado con 230.405 expedientes por contravenciones, seguida por Santa Fe con 171.407, Bosa con 168.909, Usaquén con 147.077 y Suba con 113.904.Más allá de las cifras, el informe de la Personería constituye una advertencia sobre la capacidad de Bogotá para resolver de manera pacífica los conflictos ciudadanos.La congestión no solo implica retrasos administrativos. También afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la convivencia y puede contribuir a que disputas vecinales, conflictos por espacio público, problemas urbanísticos o comportamientos contrarios a la convivencia se prolonguen durante años sin una respuesta efectiva del Estado.Por eso, la conclusión de la Personería es que la ciudad enfrenta un rezago estructural asociado a una brecha creciente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional para tramitar y decidir los procesos policivos. Mientras esa brecha no se cierre, más de un millón de expedientes seguirán siendo el reflejo de una justicia que, para miles de bogotanos, tarda demasiado en llegar.CAROL MALAVERSUBEDITORA BOGOTÁEscríbanos a carmal@eltiempo.com Lea también:Bogotá se prepara para vivir el Mundial en los parques: así funcionarán las 'fanzones' para ver jugar fútbol a Colombia y todos los equipos del mundoTenía brazalete electrónico y estaba preso en casa: así cayó el azote de las droguerías y papelerías en SubaGigante ferroviario chino operará el RegioTram de Occidente, el primer tren regional de pasajeros del país Sigue toda la información de Bogotá en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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