Noticia Exclusivo suscriptores Los yerros de la política de paz y seguridad del Gobierno que dispararon el crimenEl crecimiento de grupos armados y economías ilícitas, junto con otros delitos, la ‘herencia’ que deja el gobierno de Gustavo Petro a su sucesor.En el corregimiento La Pedregosa, se llevó el sepelio de 10, de las 21 víctimas mortales, del atentado terrorista sobre la vía Panamericana. Foto: JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTELink Jesús Antonio BlanquicetSUBEDITOR DE JUSTICA17.06.2026 22:45 Actualizado: 17.06.2026 22:45 Sara Valentina Quevedo DelgadoPERIODISTA JUDICIAL17.06.2026 22:45 Actualizado: 17.06.2026 22:45 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Desde 2022, los grupos armados han sumado más de 10.000 nuevos integrantes, según los reportes de inteligencia. Amparadas en la política de ‘paz total’, que aún mantiene con el fuero de negociadores a capos como ‘Calarcá Córdoba’, las estructuras criminales se expandieron, multiplicaron las ganancias de las rentas ilícitas e incrementaron las acciones terroristas, copando o disputando el control de regiones enteras como Catatumbo, Guaviare y el nordeste antioqueño.Juez frenó obras de las Zonas de Ubicación Temporal en Putumayo por falta de consulta previa con un resguardoEn los últimos años, de acuerdo con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el país sufrió una reconfiguración del conflicto.Plan Democracia en Valle. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO. El Eln, ‘clan del Golfo’, las disidencias de ‘Mordisco’, ‘Calarcá’, la ‘Segunda Marquetalia’ y sus facciones hoy manejan el negocio criminal de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la tala de madera y el cobro de extorsiones. Sumando combatientes a sus filas mediante un fenómeno disparado del reclutamiento forzado de menores de edad e imponiendo su poderío criminal a través del confinamiento, desplazamiento, masacres y asesinatos selectivos de personas, todos crímenes en aumento.En los últimos cinco años, tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, la utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra se ha disparado un 300 %, según Naciones Unidas. Solo en 2024, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, este crimen aumentó un 20 %. Y violaciones a los derechos humanos, como el desplazamiento y el confinamiento, dejan cerca de 500 víctimas cada día. Entre el 1.º de enero y el 31 de marzo, 47.475 personas sufrieron desplazamiento forzado o confinamiento, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público.Paz Electoral | Procuraduría se reúne con medios regionales ante preocupaciones de cara a la segunda vueltaEl impacto también ha alcanzado directamente a las Fuerzas Militares y a la Policía. Solo durante 2025 han sido asesinados más de 170 uniformados, la cifra más alta registrada en la última década y entre enero y abril, la cifra ya llega a 30. Los ataques han sido atribuidos a organizaciones armadas que, pese a participar en escenarios de diálogo o acercamiento, mantienen capacidad ofensiva en diferentes regiones.El deterioro de las condiciones de seguridad resulta especialmente visible en territorios como Catatumbo, Cauca y Arauca, y, según información de la Fuerza Pública, en al menos otros 11 focos de conflicto, donde cada día se reportan masacres, secuestros –delito que también alcanzó la cifra más alta de las últimas dos décadas–, asesinatos y matanzas entre grupos ilegales, como la ocurrida en San José del Guaviare el pasado 27 de mayo, en la que murieron 48 disidentes, entre ellos 11 menores de edad reclutados.Atentado con explosivos sobre la vía Panamericana por disidentes de las Farc Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE A este escenario se suma otro elemento que ha generado debate dentro del sector defensa. Generales en retiro advierten que la eliminación de fuerzas de tarea conjuntas como Titán, Vulcano, Apolo y Quirón redujo los niveles de coordinación que existían entre Ejército, Policía y otras instituciones del Estado. Según oficiales consultados, la desaparición de estos esquemas de integración afectó la capacidad para desarrollar operaciones simultáneas en regiones complejas y responder de manera articulada a las amenazas.Así mismo, según voces del sector, se ha producido un debilitamiento de la inteligencia y la contrainteligencia que no permitió prever, entre otros hechos, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.Con un panorama marcado por el crecimiento de los grupos armados, el avance de las economías ilegales y la persistencia de focos de violencia, distintos centros de pensamiento coinciden en que el próximo gobierno enfrentará el reto de redefinir la estrategia de seguridad del país.La Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene que la prioridad deberá centrarse en fortalecer la coordinación institucional y optimizar las capacidades existentes. “Hoy el desafío no es hacer más ni empezar de cero, sino hacer mejor, de manera coordinada y con un uso más estratégico de las capacidades del Estado”, señala la organización en un reciente informe.La FIP agrega que cualquier esfuerzo orientado a recuperar el control territorial deberá ir acompañado de una presencia estatal sostenida. “Es indispensable consolidar condiciones de presencia estatal efectiva e integral, construir legitimidad institucional y avanzar en el desarrollo territorial en zonas afectadas por la acción de grupos armados y economías ilícitas”, concluye el documento.Argelia, Cauca, es uno de los enclaves que hoy concentran la mayoría de los cultivos de coca. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO Colombia, un mar de coca, pero con récords en incautaciónCon una estrategia supuestamente enfocada en los proyectos de sustitución y en la interdicción de cargamentos, pero con el marcado abandono de la erradicación forzada, los narcocultivos alcanzaron su punto máximo en el país en el gobierno Petro. En 2023, último año del que se tiene registro oficial debido a la ‘guerra fría’ que abrió el Gobierno con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Colombia llegó a las 253.000 hectáreas de coca. La producción potencial de clorhidrato de cocaína se disparó un 53 por ciento, hasta las 2.664 toneladas. Para 2024, de acuerdo con cifras extraoficiales, ambos indicadores habrían ascendido a 262.000 hectáreas y 3.001 toneladas, respectivamente. Ante esta realidad, que repercutió en la decisión de Estados Unidos de descertificar la lucha antidrogas del país, el Gobierno responde con las cifras de las incautaciones, que año a año vienen marcando también cifras históricas. En 2024 se decomisaron 889,2 toneladas de alcaloide; en 2025, 984,9; y en lo corrido de 2026 ya se superaron las 300 toneladas. Ese logro, además de la acción de la Fuerza Pública, se explica porque los niveles inéditos de producción de los narcos tienen mucha más droga circulando en las calles y, por lo tanto, se incrementa la posibilidad de incautación.Colombia llegó a las 253.000 hectáreas de coca sembradas. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO Masacres y asesinatos de líderes socialesLas 66 masacres reportadas por Indepaz en el primer semestre de este año equivalen al 85 por ciento del total de casos documentados en todo 2025, lo que perfila a 2026 como el año más violento de la última década. Para Leonardo González, director de esta ONG, detrás de estas cifras está la continuidad del pico de violencia que se acentuó a finales del año pasado, en territorios donde los grupos armados buscan imponer su control criminal o se disputan las zonas con otros actores ilegales. Sin embargo, agrega, la medición debe leerse como una tendencia que va más allá de los hechos aislados o de los picos coyunturales. Al ampliar las variables, entre 2016 y 2019 (42, 33, 39 y 51 casos, respectivamente), las masacres se mantuvieron en niveles relativamente bajos y con un comportamiento irregular. Ese periodo coincide con la implementación inicial del acuerdo de paz con las Farc y con las etapas tempranas del reacomodo armado que hoy tiene el orden público estallado en 14 puntos críticos. Pero a partir de 2020, la gráfica muestra un salto con el que, prácticamente, se duplicaron los casos. Se pasó de 51 a 91, lo que, para González, evidencia “la consolidación de nuevas dinámicas de control territorial, la disputa armada y la expansión de economías ilegales”. El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha repuntado paulatinamente desde 2022. Ese año se registraron 187 casos; en 2023, 188; en 2024, 173; y el año pasado la cifra volvió a subir hasta los 187 casos. Este comportamiento, según expertos en seguridad y conflicto, también está relacionado con las dinámicas de control territorial desplegadas por las estructuras criminalesMarchas contra masacres en Guaviare. Foto:MAURICIO MORENO ‘Paz total’: una política que no cumplió con su objetivoEl proyecto bandera del presidente Gustavo Petro para poner fin al conflicto con todos los actores armados al mismo tiempo llega al final de su mandato sin resultados y calificado incluso por el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, como un fracaso. Lo que comenzó como una apuesta para negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias y bandas criminales terminó naufragando por la falta de metodología y verificación y por el claro aprovechamiento de los ilegales de los ceses de fuego decretados por el gobierno. Al cierre del cuatrienio, hay activos tres procesos de diálogo y cuatro de conversación sociojurídica con estructuras de ADN netamente narcotraficante. Las negociaciones con grupos de mayor influencia criminal, como el Eln o las disidencias de alias Iván Mordisco, quedaron suspendidas tras reiterados ataques contra la población civil, secuestros y extorsiones, mientras ambas estructuras incrementaron el número de combatientes y redes de apoyo. En mayo, el Gobierno autorizó cinco Zonas de Ubicación Temporal, supuestamente para facilitar la concentración de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), comandada por alias Walter Mendoza, y en junio frenó las operaciones militares en su contra. Hoy, Comuneros del Sur, el frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’ y el ‘clan del Golfo’ mantienen diálogos con el Gobierno, pese a seguir cometiendo crímenes. En este momento no existe claridad sobre lo negociado o lo que pretende negociar el Ejecutivo con esas bandas armadas, que están además incidiendo sobre las elecciones.Preparación de la ZUT en Putumayo para la CNEB. Foto:Cortesía. Reclutamiento forzado de menores, un drama sin finEl Gobierno no cumplió su promesa de evitar que los niños mueran en manos de los grupos criminales. Entre los 48 cuerpos de los disidentes muertos en la guerra entre las facciones de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en Guaviare, Medicina Legal identificó a 11 menores de edad víctimas de reclutamiento forzado. Ocho de ellos eran indígenas, la gran mayoría provenientes del suroccidente del país, y sus historias son el rostro más reciente de una tragedia que, según Naciones Unidas, ha dejado más de 1.200 víctimas desde 2019. En los últimos cinco años, tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, este organismo ha visto cómo este fenómeno se ha incrementado en un 300 por ciento. Solo entre 2023 y 2024, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes aumentó un 64 por ciento, con 453 casos verificados el año pasado. Eso significa que, en promedio, según Unicef, cada 20 horas un menor de edad fue utilizado en la guerra. En 2024, el año en el que se registró el pico, con un aumento del 20 por ciento, la Defensoría del Pueblo documentó 625 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron cooptados o forzados a engrosar las filas de grupos armados ilegales. En 2025, hubo más de 200. De ellos, el 62 por ciento son hombres y el 38 por ciento, mujeres. En el caso de las niñas y adolescentes, aún más perseguidas por los grupos armados, pasaron de ser usadas principalmente en labores domésticas y sometidas a violencia sexual a ser incorporadas en operaciones de combate. Los niños y niñas con pertenencia étnica, oriundos de los territorios más desprotegidos por el Estado, son los más golpeados.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Conforme a los criterios de Saber más Temas relacionadosPaz totalGustavo PetroElecciones presidenciales 2026EleccionesExclusivo suscriptores SugerenciasBOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.Registrate
