Cauca en estado de máxima alerta tras escalada terrorista: ataque con dron, explosivos en vía Panamericana y destrucción de radar aéreo
La madrugada y mañana de este sábado han configurado una de las jornadas más críticas de orden público en el departamento del Cauca en los últimos meses. En un lapso de menos de doce horas, se registraron cuatro acciones armadas simultáneas ejecutadas por grupos armados ilegales, que dejaron como saldo cinco civiles heridos —entre ellos un menor de edad—, la destrucción de infraestructura de navegación aérea de carácter civil, y la neutralización de un dron artesanal cargado con explosivos que amenazaba un cantón militar. Las autoridades han elevado el nivel de alerta en todo el territorio caucano y han desplegado unidades de reacción inmediata para contener la escalada violenta, que analistas de seguridad interpretan como una respuesta directa a los operativos ofensivos que la Fuerza Pública ha intensificado en los últimos días contra estructuras criminales en el suroccidente colombiano.
El primero de los incidentes ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando unidades del Ejército Nacional detectaron la aproximación de un vehículo aéreo no tripulado —comúnmente conocido como dron— que se dirigía hacia el cantón militar José Hilario López, ubicado en la capital del Cauca, Popayán. Según el reporte oficial, el artefacto había sido acondicionado con una carga explosiva de fabricación artesanal y tenía como objetivo causar daño a la infraestructura castrense y a la vida de los soldados que se encontraban en el interior de la base. Gracias a la oportuna activación de protocolos de defensa antiaérea de bajo nivel y a la pericia de los centinelas, el dron fue neutralizado en plena trayectoria, evitando una tragedia cuyas consecuencias habrían sido impredecibles dada la densidad poblacional del área aledaña al cantón. Las autoridades confirmaron que no se reportaron afectaciones al personal militar ni a las instalaciones, aunque se preservan las pruebas balísticas y electrónicas del artefacto para determinar su origen y la posible firma técnica del grupo criminal que lo operaba.
Explosión en la vía Panamericana deja cinco heridos, entre ellos un niño
Mientras en Popayán los militares contenían la amenaza aérea, en el extremo sur del departamento, en límites con el departamento de Nariño, se perpetraba otro ataque con un modus operandi distinto pero igualmente letal. Cerca de las 3:30 de la madrugada, en el sector conocido como Pan de Azúcar, en el corregimiento de Mojarras, jurisdicción del municipio de Mercaderes, fue activado un artefacto explosivo de alto poder al paso de un bus interdepartamental de pasajeros de la empresa Transipiales, que cubría la ruta entre Pasto y Cali. La detonación, que se escuchó en un radio de varios centenares de metros, impactó directamente contra el costado izquierdo del vehículo, causando heridas de gravedad al conductor del automotor y a cuatro pasajeros más, dentro de los cuales se encuentra un menor de edad cuyas condiciones de salud han requerido atención especializada. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial del municipio de Patía, donde reciben manejo médico por traumatismos múltiples y heridas por esquirlas. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció en su cuenta de X y responsabilizó directamente a las estructuras criminales que operan en la zona, calificando el hecho como "retaliaciones frente a las acciones operativas contundentes y los resultados alcanzados por nuestra Fuerza Pública".
El tramo de la vía Panamericana afectado por la explosión ha sido escenario recurrente de ataques contra la infraestructura de transporte en los últimos años, debido a su importancia estratégica como corredor logístico que conecta el interior del país con el puerto de Tumaco y la frontera con Ecuador. Especialistas en seguridad consultados para esta nota coinciden en que la colocación de artefactos explosivos en carreteras tiene un doble propósito: sembrar el terror entre la población civil y presionar a las autoridades para que cesen las operaciones militares en zonas de influencia de los grupos armados. En este caso particular, el ataque contra un bus de transporte público —que transportaba a decenas de civiles que se desplazaban por motivos laborales o de salud— evidencia una peligrosa degradación del conflicto, donde la población civil es utilizada como escudo o como blanco directo para enviar mensajes al Estado. El gobernador Guzmán ha anunciado que se realizará seguimiento permanente a la evolución de los heridos a través de la Secretaría de Salud del Cauca, y que se ofrecerá una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables.
Ataque con diez drones contra base militar y destrucción de radar civil en El Tambo
Paralelamente a los hechos de Mercaderes, en el municipio de El Tambo, también en el Cauca, se registró una agresión sistemática contra instalaciones de la Fuerza Pública ubicadas en el cerro Santana, una elevación estratégica que domina buena parte del valle del río Cauca y donde convergen infraestructuras de comunicación y vigilancia aérea. Según el reporte oficial de la Policía Nacional y el Ejército, durante la madrugada de este sábado fueron lanzados cerca de diez artefactos explosivos desde drones contra las bases de la Policía y el Ejército Nacional asentadas en ese punto. Aunque no se reportaron bajas ni heridos entre el personal militar y policial —quienes logaron refugiarse en búnkeres improvisados—, los impactos alcanzaron y destruyeron por completo un radar de operaciones aéreas que funcionaba para el suroccidente del país, cuyo control estaba a cargo de la Aeronáutica Civil. La pérdida de este equipo representa un golpe sensible para la seguridad del espacio aéreo nacional, ya que se trataba de una infraestructura civil esencial para la detección temprana de aeronaves no autorizadas, vuelos ilegales relacionados con el narcotráfico y posibles incursiones aéreas de grupos armados. En el mismo sector también se encuentran varias antenas de comunicaciones que, de manera milagrosa, no resultaron afectadas.
La Aeronáutica Civil emitió un comunicado oficial en el que rechaza de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, y subraya que dicho equipo era parte fundamental del sistema de vigilancia y control del tránsito aéreo en una de las regiones más complejas y con mayor presencia de vuelos ilegales del país. "Destruir un radar civil no solo afecta la seguridad de las operaciones aéreas comerciales, sino que también debilita la capacidad del Estado para monitorear y combatir el narcotráfico y la minería ilegal que utilizan aeronaves clandestinas", señala el documento. Fuentes de inteligencia militar consultadas bajo reserva indicaron que el ataque fue ejecutado con drones de ala fija de mediano alcance —probablemente de fabricación artesanal pero con capacidad de carga explosiva—, lo que sugiere un nivel de sofisticación técnica creciente por parte de los grupos armados ilegales. El cerro Santana, además de su importancia táctica, se ha convertido en un punto de disputa recurrente entre la Fuerza Pública y las disidencias de las FARC, que buscan controlar los corredores de movilidad que conectan el Pacífico caucano con el Valle del Cauca. Mientras tanto, en el municipio de Miranda, en el norte del Cauca, otro grupo armado ilegal quemó una tractomula perteneciente al Ingenio Cauca en la vereda Santana, en un acto que las autoridades calificaron como intimidatorio contra el sector agroindustrial. La suma de estos hechos obliga al Estado a replantear las estrategias de protección de la infraestructura crítica y a reforzar la presencia militar en puntos neurálgicos donde la tecnología de drones ha pasado de ser una herramienta de vigilancia a un arma de guerra de alta letalidad.