El Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, anunció la imposición de un arancel del 35% —el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC)— sobre las importaciones de productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. La medida entrará en vigor el 31 de marzo de 2026 y afecta principalmente a China, Rusia, Turquía e India.
Una respuesta a la sobreoferta global y competencia desleal
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que esta no es una medida restrictiva sino correctiva para enfrentar la caída de precios causada por la sobreoferta mundial, especialmente la proveniente de China, que en las últimas dos décadas ha incrementado sus exportaciones de acero a América Latina de 80.500 toneladas en 2000 a cerca de 10 millones en 2024, según datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI, Daniel Rey, explicó que el decreto 264 busca corregir distorsiones de precios y prácticas de competencia desleal, tras dos años de profunda investigación técnica.
La industria local frente al gigante chino
Colombia cuenta con cinco grandes acereras que concentran su producción principalmente en Boyacá, con empresas como Acerías Paz del Río, Grupo Siderúrgico Reyna y Diaco. También operan Ternium en Manizales y Palmar de Varela, y Sidoc en Cali. Estas suman una capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas anuales y generan más de 45.000 empleos directos e indirectos.
En contraste, China produce el 53,3% del acero mundial con cerca de 1.000 millones de toneladas, lo que coloca a Colombia en una posición de ‘precio-aceptante’, sin influencia en los precios internacionales, que han bajado un 2% en el último año debido a la sobreoferta.
“Tras los aranceles que le impuso EE.UU. hace casi un año, China ha desviado sus envíos al resto del mundo”, señala Daniel Rey.
Óscar Eduardo Ríos, del Laboratorio de Fundición de la Universidad de Antioquia, observa cómo empresas medianas han sustituido producción local por acero chino, pero que con la nueva tasa arancelaria están retomando producción nacional. Sin embargo, advierte que la protección podría limitar la modernización si no se invierten las utilidades en productividad.
Impacto y controversia en el sector de la construcción
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que los aranceles encarecerán la vivienda, ya que el acero representa cerca del 16,3% de los costos directos de construcción. Calculan que los costos subirían un 3,9%, elevando el precio final de la vivienda en un 2,2%.
El sector construcción lleva 33 meses consecutivos con caída en las iniciaciones de vivienda y ha perdido más de 136.000 empleos. El gremio cuestiona la medida por considerarla inconsistente con la política de vivienda y sin sustento técnico suficiente, y evalúa acciones jurídicas.
El Ministerio de Comercio sostiene que el impacto en la vivienda será mínimo, con un posible incremento inferior al 1%, debido a la competencia y diversidad de fuentes de abastecimiento.
Legalidad y precedentes internacionales
Martín Ibarra, consultor en derecho aduanero, afirma que la medida es legal y corresponde al Gobierno manejar la política arancelaria según la Constitución colombiana, a diferencia de Estados Unidos donde el Congreso tiene esa facultad.
El precedente más cercano es el arancel del 25% impuesto por la administración Trump en 2018, con argumentos similares. Estudios indican que benefició a las acereras estadounidenses, aunque con efectos mixtos en sectores dependientes como la construcción.
El decreto colombiano establece que un comité técnico evaluará el impacto de la medida en un año para definir si se mantienen o ajustan las condiciones.