La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, símbolo de resistencia civil en Colombia, recibió este jueves 21 títulos de propiedad sobre las tierras que ocupa desde 1997 en el corazón del Urabá antioqueño. La entrega, realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), materializa un acuerdo de solución amistosa firmado con el Estado en el marco de un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y representa un paso crucial para garantizar la seguridad jurídica de esta población que durante casi tres décadas ha resistido la violencia de grupos armados, incluidos paramilitares y agentes estatales.
Un reconocimiento a la lucha por la tierra
La entrega de los títulos, tanto individuales como colectivos, fue celebrada por los líderes comunitarios como un acto de justicia histórica. Germán Graciano, representante legal de la Comunidad, señaló que 'estos títulos afianzan una reforma agraria construida desde las comunidades de base sobre tierras ancestrales que nunca antes habían sido legalizadas'. Para la ANT, la formalización no solo repara a la comunidad, sino que sienta un precedente jurídico al reglamentar la adjudicación de baldíos a personas jurídicas y la formalización de predios privados a favor de organizaciones campesinas.
El peso de una historia de violencia
La Comunidad de Paz nació en 1997 cuando campesinos desplazados por la guerra entre guerrillas y paramilitares decidieron permanecer en fincas abandonadas y declararse neutrales ante el conflicto. Desde entonces, cerca de 400 de sus integrantes han sido asesinados, entre ellos niños y un bebé de 18 meses. La masacre de la vereda La Resbalosa, ocurrida en 2005 y reconocida por la JEP como delito de lesa humanidad, marcó un punto de quiebre en la relación de la comunidad con el Estado, al que acusaron de complicidad con los paramilitares.
Tener un título de propiedad significa seguridad jurídica sobre una tierra que durante décadas fue disputada con las armas y con el miedo. Ahora, la permanencia de estas familias campesinas queda respaldada por el Estado.
La entrega de títulos coincide con un avance judicial: esta semana, un juzgado de Antioquia condenó a dos exparamilitares del Bloque Héroes de Tolová por su participación en la masacre de La Resbalosa, donde murió el líder Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera y su hijo de dos años. La sentencia, conocida por EL TIEMPO, reconstruyó cómo alias 'Don Berna' operó en la región para imponer control territorial mediante el terror.
Un nuevo panorama para la Comunidad
Para una comunidad que durante dos décadas decidió no confiar en las instituciones, la combinación de verdad judicial y seguridad territorial empieza a representar, a cuenta gotas, un nuevo panorama. La directora de Gestión Jurídica de la ANT, Ana Jimena Bautista, destacó que el proceso 'no solo repara históricamente a la Comunidad, sino que sienta un precedente jurídico' para futuras formalizaciones en contextos de conflicto.