El Estado colombiano, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, acaba de hacer un mea culpa en el plano internacional por las falencias a la hora de otorgarle justicia a una familia víctima de violencia sexual y de amenazas de muerte. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Colombia firmó un acuerdo de solución amistosa con madre e hija víctimas de semejantes flagelos.
Un caso que marcó una falla estructural
Colombia reconoció su responsabilidad internacional por las fallas que impidieron la captura de un hombre condenado por abusar sexualmente de una niña de cuatro años, pese a que existían órdenes judiciales vigentes para hacer efectiva una sentencia dictada en primera y segunda instancia. El caso tiene su origen en una petición presentada en 2017 por la madre de la víctima, quien denunció la omisión del Estado para ejecutar la captura del agresor, así como las afectaciones sufridas por ella y su hija durante el proceso.
La CIDH admitió la petición al considerar que los hechos podrían constituir violaciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la protección judicial y la Convención de Belém do Pará.
Una condena que nunca se cumplió
Según el informe, el responsable fue condenado en diciembre de 2015 a 13 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2016. Sin embargo, pese a que las órdenes de captura permanecían vigentes y que incluso se tramitó una notificación roja de Interpol, las autoridades no lograron ubicar ni detener al condenado.
En el acuerdo de solución amistosa, el Estado aceptó que las autoridades incurrieron en fallas al no hacer efectiva la captura del sentenciado. El documento señala que esa situación generó graves 'situaciones de sufrimiento y angustia' tanto en la víctima directa como en su madre.
Las medidas de reparación acordadas
- Auxilio económico para financiar estudios técnicos, tecnológicos, universitarios o de posgrado, ampliado en 2025-2026 para incluir instituciones en el exterior.
- Compensación económica y seguimiento integral en salud física y mental para las víctimas.
- Publicación del informe de la CIDH como medida de satisfacción.
- Compromiso de la Fiscalía de continuar las actuaciones para ubicar y capturar al condenado, con reuniones semestrales informativas con las víctimas.
Durante el proceso de solución amistosa, la Comisión destacó que la víctima, quien ya había alcanzado la mayoría de edad, participó directamente en la definición de las medidas de reparación. La CIDH valoró que el Estado escuchara sus solicitudes y modificara el acuerdo para ampliar el apoyo educativo conforme a sus expectativas académicas, calificando esta actuación como una buena práctica en materia de participación de víctimas jóvenes.
Un precedente en derechos humanos
La Comisión también recordó que las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la infancia pueden generar consecuencias permanentes y que las medidas de reparación deben responder al interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando su participación en los procedimientos que afectan sus derechos. El informe concluye que el acuerdo alcanzado constituye una solución amistosa compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero aclara que la implementación de las reparaciones seguirá bajo vigilancia de la Comisión hasta que todas las obligaciones sean cumplidas. De esta manera, Colombia evitó una condena futura por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se comprometió a reparar de manera urgente a madre e hija, víctimas de un depredador sexual.