A pocos días de las elecciones que definirán al próximo presidente de Colombia, la Defensoría del Pueblo reveló que entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026 realizó seguimiento a 161 eventos de manifestación y movilización social relacionados con los comicios. Estas protestas se desarrollaron en Bogotá y 71 municipios de 26 departamentos del país.
Un 36% de las protestas dejó afectaciones
Según el organismo, el 64 % de estas expresiones ciudadanas se desarrolló de manera completamente pacífica. Sin embargo, en el 36 % restante se registraron situaciones que afectaron el derecho a la circulación y la infraestructura pública o privada. En algunos casos puntuales también se reportaron afectaciones a la integridad física de varias personas.
Defensoría defiende el derecho a la protesta
La Defensoría subrayó que las manifestaciones y movilizaciones constituyen formas legítimas de participación ciudadana y de ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por sí mismas, no representan una amenaza para la seguridad ni para la democracia.
Factores detrás de las movilizaciones
La entidad atribuyó estas expresiones a diversos factores, entre ellos las expectativas sociales y políticas acumuladas, una campaña electoral marcada por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y violencia digital, así como afirmaciones públicas sobre posibles fraudes electorales que, hasta el momento, no han estado respaldados por evidencia sólida.
Invitamos a los candidatos presidenciales, al Presidente de la República, a las altas autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas; a desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización; a evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente; y a tramitar las controversias e inquietudes relacionadas con el proceso electoral a través de los mecanismos institucionales establecidos.
Finalmente, la entidad aseguró que continuará ejerciendo sus funciones en favor de un proceso democrático libre y en paz para el país, basado en el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas que participan en el mismo.