Noticia Defensoría alerta por afán del Gobierno Petro con las ZUT para grupos armados: ‘Solo pueden crearse en una fase avanzada de paz‘También advirtió que la discrecionalidad del Presidente en procesos de paz tiene límites constitucionales y no puede volverse arbitrariedad.Defensora Iris Marín Ortiz y Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Defensoría/ PresidenciaLink Juan Diego Torres Lasso19.05.2026 07:52 Actualizado: 19.05.2026 08:00 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles A menos de tres meses del fin del mandato de Gustavo Petro, el Gobierno acelera la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Comuneros del Sur y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), en medio de advertencias jurídicas, humanitarias y de seguridad lanzadas por la Defensoría del Pueblo.En un comunicado de cuatro páginas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el apuro con el que la Casa de Nariño intenta dejar andando mecanismos que, en la práctica, recaerían sobre el próximo gobierno y que, según la ley, solo pueden establecerse cuando un proceso de paz ha alcanzado un estado avanzado orientado al desarme.“Las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”, recordó la funcionaria, quien advirtió que el amplio margen de discrecionalidad del presidente para impulsar negociaciones no puede convertirse en arbitrariedad.La defensora del Pueblo, Iris Marín, junto a delegados de otras organizaciones. Foto:Cortesía La advertencia golpea el corazón de la estrategia de ‘paz total’ en su recta final. Aunque el Ejecutivo busca mostrar resultados antes del 7 de agosto, la Defensoría considera que los procesos con el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ y las estructuras asociadas a alias Araña todavía carecen de condiciones mínimas para justificar concentraciones territoriales de combatientes.Según Marín, cualquier decisión sobre ZUT debe estar sustentada con motivación suficiente, límites claros y mecanismos de control verificables. Más aún cuando las medidas incluyen suspensión de órdenes de captura y concentración de integrantes armados.“El Presidente de la República y sus delegados (…) debe sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético o posible, sino cercano”, señala el documento. “Prácticamente, que se concentran para el desarme”.Detrás de la premura, sin embargo, también aparece una necesidad política: construir una narrativa de cumplimiento antes del cierre del cuatrienio, aun cuando los procesos apenas atraviesan fases preliminares.Zonas de Ubicación Temporal (foto de referencia). Foto:Cuenta de X del presidente Gustavo Petro La Defensoría identifica cuatro riesgos centrales.El primero es el impacto sobre las víctimas. El organismo advierte que no existen acuerdos mínimos sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tampoco hay claridad sobre cómo responderá el Estado frente a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.“La falta de claridad sobre estos asuntos genera riesgos de impunidad”, alertó la entidad, que resume el problema en una frase demoledora: “Por ahora solo se advierte la suspensión de la justicia, no su activación”.El segundo riesgo es político y electoral. La Defensoría considera improbable que un eventual desarme ocurra antes del cambio de gobierno, por lo que las ZUT podrían terminar generando expectativas entre los combatientes en medio de la incertidumbre institucional y de una campaña presidencial en territorios donde los grupos armados mantienen poder territorial y capacidad de presión sobre las comunidades.Aunque las organizaciones ilegales prometieron respetar la libertad electoral, la Defensoría advierte que existe “una brecha entre los anuncios públicos y la realidad de su actuación”.Clan del Golfo Foto:EFE: El tercer riesgo es de seguridad. El esquema planteado por el Gobierno contempla una concentración gradual: mientras unos integrantes ingresarían a las ZUT, otros permanecerían armados fuera de ellas. La Defensoría señala que solo existen protocolos relativamente avanzados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), organización de la que hace parte alias Araña.Además, varias de las zonas proyectadas están ubicadas en territorios con confrontación activa o deterioro reciente del orden público, como Tibú, en Norte de Santander; Mallama, en Nariño; o Tierralta, en Córdoba, uno de los enclaves históricos del Clan del Golfo.El cuarto riesgo recae sobre comunidades étnicas. La Defensoría advirtió que todavía no existen garantías suficientes para pueblos indígenas y afrodescendientes potencialmente afectados por las ZUT. Hasta ahora solo se ha adelantado consulta previa en Mallama, mientras persisten interrogantes en zonas como Tibú, Roberto Payán, Belén de Bajirá y Unguía.“El derecho al gobierno propio y al respeto de sus formas de vida no puede entenderse como un requisito meramente formal”, subrayó la entidad.Con ese panorama, la Defensoría pidió al presidente Petro frenar el afán y garantizar controles institucionales efectivos antes de avanzar en los traslados y concentraciones. “La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho”, concluyó el organismo.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. 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