La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno entrante para que priorice la implementación de la recién sancionada Ley 2590 de 2026, que endurece las penas por el reclutamiento ilícito y el uso de niñas, niños y adolescentes y crea nuevos mecanismos para prevenir este flagelo, que se ha disparado en los últimos años.
La entidad celebró la expedición de la norma y la calificó como un 'avance significativo para la protección de la infancia' expuesta al conflicto armado y otras formas de violencia. Y advirtió que su verdadero impacto dependerá de la rapidez con la que el Estado logre reglamentarla, financiarla e implementarla, tarea que recaerá en la próxima administración.
Un aumento alarmante en el reclutamiento de menores
La Defensoría reportó que durante 2025 se documentaron 386 casos de reclutamiento de menores, y que en 2024 se registró un incremento del 60% en comparación con el año anterior. Estas cifras evidencian la urgencia de contar con herramientas legales efectivas para prevenir y sancionar este delito.
Seis tareas urgentes para que la ley no quede en el papel
- Elaborar un documento Conpes y actualizar la política pública de prevención del reclutamiento, con metas verificables, indicadores, fuentes de financiación y responsabilidades claras.
- Poner en marcha el Equipo Nacional de Acción Inmediata, un mecanismo para coordinar respuestas rápidas ante riesgos para niñas, niños y adolescentes.
- Crear el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores, que unificará cifras y orientará decisiones de política pública con datos precisos.
- Adoptar un protocolo para prevenir y bloquear contenidos asociados al reclutamiento en redes sociales y plataformas digitales, en el plazo de un año.
- Implementar una estrategia nacional de prevención que involucre a familias, comunidades, colegios e instituciones.
- Fortalecer la infraestructura educativa, la planta docente y la identificación de escuelas en municipios con mayor riesgo de reclutamiento, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.
El llamado a una presencia estatal efectiva
La Defensoría insistió en que la prevención no puede limitarse a reaccionar cuando ya se produjo la vulneración de derechos. Señaló que la protección efectiva exige una mayor presencia del Estado en los territorios, mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes, fortalecimiento de la educación y respuestas oportunas frente a las alertas de reclutamiento. Además, anunció que continuará monitoreando los riesgos mediante el sistema de Alertas Tempranas y haciendo seguimiento al cumplimiento de la nueva ley.