En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 exintegrantes de las Farc por crímenes cometidos por los bloques Oriental y Sur. La magistrada Julieta Lemaitre, en entrevista exclusiva, revela los detalles de una investigación que abarca más de la mitad del territorio colombiano y que incluye desde asesinatos de campesinos hasta el atentado al Club El Nogal y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Un primer auto de imputación que marca un hito
Este es el primer auto del Caso 10 y representa una imputación conjunta con el Caso 1. La mayoría de los informes provienen de organizaciones de víctimas y mesas municipales de departamentos como Meta, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo y Guaviare, además de ciudades como Bogotá, Florencia, Villavicencio y Neiva.
El territorio que abarca el Caso 10 comprende más de la mitad del país, donde las Farc iniciaron su presencia y consolidaron su poder. 'Ahí fue donde empezaron las Farc y donde consolidaron buena parte de su presencia', explica Lemaitre.
Tres patrones de criminalidad identificados
- Crímenes de control social y territorial: asesinatos de campesinos, desplazamiento forzado y violencia sexual como castigo.
- Crímenes de guerra: tomas de pueblos, ataques contra civiles y ejecuciones fuera de combate.
- Terrorismo urbano: bombas, atentados y asesinatos selectivos cometidos por células clandestinas.
Según la magistrada, 'el grueso son asesinatos y desplazamiento forzado'. También se documentaron casos de violencia sexual, torturas y ataques contra la Fuerza Pública. 'Mataban campesinos, maestros, pastores evangélicos, jueces y personas que no obedecían', detalla.
El terror urbano: células pequeñas y clandestinas
Las Farc operaban en las ciudades mediante células de cuatro o cinco personas que no se conocían entre sí. Su misión era poner bombas, realizar atentados y asesinar a quienes declaraban objetivo militar. 'En las ciudades el esclarecimiento es mucho más difícil porque trabajaban en secreto', afirma Lemaitre.
El atentado al Club El Nogal: una operación improvisada
Sobre el atentado al Club El Nogal, la JEP encontró que la columna móvil Teófilo Forero fue la responsable, pero muchos de sus comandantes murieron antes del Acuerdo de Paz. Joaquín Gómez reconoce responsabilidad como parte de la cadena de mando, pero sostiene que la decisión fue tomada entre alias el Paisa y alias Mono Jojoy.
En el computador de alias Mono Jojoy se halló un correo firmado con los nombres de Jorge, Joaquín y toda la plana mayor. Aunque ellos niegan haberlo firmado, el documento revela que las Farc buscaban 'hacer una acción de alto impacto en las ciudades' para obligar al Ejército a distraer tropas hacia Bogotá.
No esperaban el cambio de estrategia militar que consistió en ocupar y permanecer en el territorio. Estaban desesperados porque querían que el Ejército saliera de esas regiones y por eso buscaban un atentado de gran impacto en Bogotá.
La JEP no encontró evidencia de que en El Nogal se reunieran paramilitares, como se ha especulado. El correo de Mono Jojoy no menciona ese supuesto, y los propios paramilitares negaron reunirse allí. Sin embargo, se sabe que la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se hospedaba en el club ocasionalmente.
El asesinato de Álvaro Gómez: motivos pobres y sicarios identificados
Las Farc reconocieron hace cinco años el asesinato de Álvaro Gómez, pero la familia siempre ha cuestionado los motivos. 'Son motivos muy pobres', admite Lemaitre. La JEP revisó todos los expedientes y encontró razones para creer que al menos dos de los sicarios eran integrantes de las Farc, quienes posteriormente fueron asesinados por la Policía.
Las pruebas incluyen retratos hablados, la identificación de una candonga de plata en una oreja de uno de los sicarios y la información de un infiltrado que en 1996 informó a la Fiscalía sobre la participación de las Farc. 'Hay razones para creerle cuando afirma que los sicarios fueron puestos por las Farc', asegura la magistrada.
El impacto en las víctimas y el camino hacia la verdad
Las víctimas suelen sobreestimar el nivel de información de los perpetradores. 'Es muy difícil aceptar que un hecho tan grave haya ocurrido por errores o improvisación', reflexiona Lemaitre. La investigación revela que las Farc operaban con improvisación, incluso en sus crímenes.
Tras la imputación, los 27 comparecientes pueden reconocer o no su responsabilidad. Si reconocen, deberán hacerlo públicamente frente a las víctimas, y el caso pasará al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones. Las víctimas también podrán presentar observaciones sobre la imputación.