Requisitos técnicos generan sospechas de exclusión en licitación
Un contrato por $12 mil millones para la alimentación de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y centros transitorios de Cali ha despertado la preocupación de veedurías ciudadanas. Los denunciantes señalan que el pliego de condiciones incluye requisitos académicos y técnicos excesivamente específicos que podrían restringir la participación.
Entre las exigencias cuestionadas está la solicitud de un ingeniero de alimentos con doble posgrado en la misma área y nueve años de experiencia, junto a un nutricionista especializado en auditoría en salud, una combinación que, según expertos, carece de lógica técnica para la operación de cocinas.
“Pedir un ingeniero de alimentos con doble posgrado en la misma área y nueve años de experiencia, junto a un nutricionista con especialización en auditoría en salud, que nada tiene que ver con la operación de cocinas, no tiene ninguna lógica técnica. Tiene, eso sí, toda la lógica de un posible direccionamiento”, afirmó Angello Vásquez, abogado y veedor ciudadano.
Condiciones logísticas limitan la competencia de pequeñas y medianas empresas
Además de los requisitos académicos, el proceso de licitación incluye exigencias logísticas relacionadas con la operación de las plantas de producción, lo que, según las veedurías, dificulta la participación de empresas pequeñas y medianas.
“Es una arquitectura contractual de exclusión. Lo que debería ser un contrato de alimentación se convirtió en un esquema de requisitos de laboratorio industrial. Es imposible que una empresa pequeña o mediana entre a competir con esas condiciones. Parecería estar todo diseñado para que solo uno llegue al final”, explicó Angello Vásquez.
Secretaría de Seguridad asegura transparencia y apertura en proceso
Ante las denuncias, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali afirmó que el proceso se desarrolla de manera abierta y transparente y que aún no se ha adjudicado el contrato. Indicaron que esta es la primera vez que se adelanta un contrato de alimentación para personas privadas de la libertad, cumpliendo una orden de la Corte Constitucional.
Durante la etapa inicial, se recibieron 90 observaciones, de las cuales 26 fueron aceptadas. La Secretaría reiteró su disposición para contar con el acompañamiento de los organismos de control.