En el municipio de Guadalupe, sur del Huila, más de mil niños han dejado de asistir a clases debido a las amenazas emitidas por la estructura Ismael Ruiz, vinculada a las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. La población se negó a portar carnés expedidos por este grupo para transitar por ciertas zonas, lo que desencadenó represalias y la prohibición de clases en varias veredas.
“Si no se carnetizan todos, pues no va a haber clase en ninguno de este corregimiento donde se prohibieron las clases”
El alcalde Alberto Toledo manifestó la incertidumbre sobre la duración de esta amenaza, señalando que más de 1.200 personas están afectadas, siendo esta la primera vez que enfrentan una situación de esta magnitud.
Simultáneamente, en Nariño, el frente “Franco Benavides” ingresó a una escuela para hacer propaganda con menores, y en el Cauca miembros del mismo grupo ilegal se refugiaron en las instalaciones de un colegio, evidenciando un patrón preocupante en la utilización de entornos educativos como espacios de control y propaganda.
Estas situaciones ponen en evidencia la incapacidad estatal para proteger las escuelas, a pesar del compromiso internacional de Colombia con la iniciativa Escuelas Seguras, que busca construir un plan de acción para resguardar a la niñez en zonas de conflicto.
“Los entornos escolares son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y su ingreso constituye una grave infracción inadmisible”, afirmó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tras los hechos en Nariño.
Organizaciones como Save the Children han alertado sobre el recrudecimiento del conflicto y su impacto en la niñez, haciendo un llamado urgente a los actores armados y a las mesas de negociación para garantizar la desvinculación de niños y adolescentes y proteger integralmente sus derechos.
- Garantizar la desvinculación de niñas, niños y adolescentes de grupos armados.
- Evitar la vinculación de menores en cualquier proceso de diálogo o negociación.
- Cumplir con los acuerdos internacionales relacionados con la protección de entornos escolares.
- Fortalecer la participación infantil y el monitoreo de violaciones graves en contextos educativos.
El reclutamiento forzado de menores ha aumentado significativamente en el suroccidente colombiano, con un promedio de un menor reclutado cada 20 horas en 2024, según Naciones Unidas, lo que agrava la vulnerabilidad de la niñez en estas regiones.
Mientras tanto, los niños y niñas afectados continúan esperando un compromiso real del Estado para garantizar su seguridad y derecho fundamental a la educación en medio de un conflicto que sigue arrebatándoles su infancia.